Bossio: “El decreto pone en pie de igualdad los derechos económicos con los políticos”

El titular de ANSES, Diego Bossio, defendió hoy el decreto que otorga al Estado una mayor representación en las decisiones en las empresas en las que posee acciones en su poder, y dijo que esa norma coloca lo público y lo privado “en pie de igualdad” sin crear conflictos de intereses.

Al presentarse este mediodía en la Comisión Bilateral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, Bossio afirmó que el decreto 441, que amplía la representación estatal en las empresas por encima del cupo vigente hasta la actualidad, “coloca en pie de igualdad lo privado y lo público” y que “no crea conflicto de intereses”.

El citado decreto, publicado durante la víspera en el Boletín Oficial, dio de baja una norma que fijaba que -sin importar el capital accionario que la ANSES tuviera en una empresa- tenía que ejercer su derecho en los distintos directorios como si tuviera no más del 5% del total.

La ANSES posee acciones en las siguientes compañías: Banco Macro (30,90%), San Miguel (26,96%), Gas Natural BAN (26,63%), Consultatio (26,62%), Edenor (26,41%), Distribuidora de Gas Cuyana (26,12%), Siderar (25,97%), Telecom Argentina (24,98%), Transportadora de Gas del Sur (23,10%), Grupo Concesionario del Oeste (21,56%), Mirgor (21,54%), Emdersa (20,96%), Grupo Financiero Galicia (20,44%), Imp. y Exp. de La Patagonia (20,24%), y Molinos Río de La Plata (19,99%).

También cuenta con acciones en su poder de Pampa Energía (22,48%), Transener (18,78%, Socotherm Americas (18,59%), Solvay Indupa (16,71%), Banco Patagonia (15,25%), Endesa Costanera (13,40%), Camuzzi Gas Pampeana (12,65%), Petrobrás Energía (11,84%), Minetti (11,31%), Capex (10,73%), Euromayor (6,25%), Aluar (9,30%), Clarín (9,00%), Quickfood (8,97%), Metrovías (8,55%), Metrogás (8,13%) y BBVA Banco Francés (7,50%), entre otras.

Asimismo, Bossio reveló que los montos “que maneja ANSES desde que en diciembre de 2008 se le transfirieron los fondos de las AFJP crecieron de 97.000 millones de pesos a 182.000 millones de pesos, mientras que la valuación de los activos en empresas pasó de 7.000 a 22.000 millones de pesos”.

“Esto muestra la eficacia en cada decisión de inversión que tomamos”, dijo Bossio, y afirmó además que a la par que crecieron esos fondos “también crecieron los controles y los niveles de transparencia” y ahora “tenemos resultados mucho mejores que los que heredamos de las AFJP”.

Destacó que “hay nuevos financiamientos al Tesoro nacional de parte de la ANSES”, además, de entre “entre 6.000 y 7.000 millones de pesos que tienen que ser de libre disponibilidad por si hay situaciones deficitarias”.

Por otra parte, Bossio informó que la ANSES tiene “10.000 millones de pesos destinados a proyectos productivos, registrando un crecimiento en 9.552 millones de pesos en sus tenencias de títulos públicos y en 9.507 millones en los fondos en acciones”.

El titular de la ANSES resaltó también la “política de colocación de plazos fijos, que ha superado los 18.000 millones de pesos, de los cuales 5.000 millones están en el Banco Nación”.

Un elemento muy importante en el último período, dijo Bossio, ha sido “la reducción de la financiación de ANSES al Tesoro nacional, que ha bajado del 62% al 54%”.

También rechazó las críticas de la oposición a la ANSES por no publicar información o publicarla con atraso, y explicó que se trata de “información sensible”, al tiempo que asumió “el compromiso” de ofrecerla “después de tres meses y una vez cerrado el valor de los activos y bajo compromiso de confidencialidad”.

Al referirse a los juicios de jubilados al Estado, informó que este año “se pagarán unos 30 mil fallos, 14 mil de los cuales ya tienen sentencia y otros 14 mil están siendo auditados”.

“Se terminó con la liquidación manual en estos casos para hacerlo mediante sistema y con esto evitar la discrecionalidad y dar mayor agilidad y transparencia”, acotó.

En otro orden, informó que en los últimos meses “se sumarió a 16 agentes” y reveló que se presentó “una denuncia por estafa procesal por más de 60 millones de pesos ante el Ministerio Público Fiscal y ante el Consejo de la Magistratura al detectarse el doble pago de sentencias en el interior de la Argentina”

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