500 dispositivos de vigilancia electrónica para la provincia de Buenos Aires

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, firmó con su par bonaerense, Gustavo Ferrari, un convenio de cooperación y asistencia destinado a  facilitar la reinserción social de las personas que se encuentran a disposición de la justicia provincial y en condiciones de acceder al arresto domiciliario.

Se trata de la entrega de quinientos dispositivos electrónicos de control (pulseras electrónicas) en el marco del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Dirección Nacional de Readaptación Social de la cartera de Justicia nacional.

 

“Es un programa que está dando muy buenos resultados porque tiene un nivel de reiterancia delictiva casi nulo y permite un abordaje integral de la persona en su domicilio, con un esquema de monitoreo muy seguro. Sumar a la provincia de Buenos Aires para nosotros es muy valioso”,  sostuvo Garavano.

 

Por su parte, Ferrari celebró la implementación del programa, al destacar que responde a “la responsabilidad primaria que tenemos de desarrollar acciones destinadas a mejorar las condiciones que permitan la reinserción de las personas que cumplen una medida restrictiva de la libertad bajo vigilancia electrónica que ha dispuesto la justicia”.

 

Entre los principales objetivos del Programa se encuentra el de colaborar con el Poder Judicial mediante la evaluación de las condiciones de viabilidad para la implementación de dispositivos de vigilancia electrónica, supervisar el correcto funcionamiento del mecanismo e informar a la autoridad judicial competente cada vez que se compruebe alguna alteración.

 

Los dispositivos electrónicos de control aseguran la detención domiciliaria con un eficiente sistema de alarmas. Se colocan en el tobillo y están conectados a un teléfono que genera una señal que se monitorea y alerta a las fuerzas de seguridad. El programa de monitoreo electrónico excede el dispositivo ya que favorece la reinserción psico-social de las personas en conflicto con la ley. Se pasó de utilizar 45 dispositivos en 2015 a acordar por convenio la entrega de 2000 hasta la fecha.

 

En el marco de la reforma del Código Penal, ambos ministerios evalúan la posibilidad de fortalecer el régimen de prisión domiciliaria tanto en las facultades que tienen los jueces como en el tipo de situaciones que están cubiertas en el Código.

 

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