Antes de la votación, el movimiento de los “indignados”, que rechaza esta medida porque recorta los derechos de los trabajadores, se manifestó ante la Cámara Baja, donde unas 200 personas recibieron por la mañana a los diputados españoles con silbidos, abucheos y gritos de “Esta crisis no la pagamos”.

La abstención en el último momento de los catalanes de CiU (Convergencia i Unió) y el PNV (Partido Nacionalista Vasco) permitió al gobierno sacar adelante el controvertido decreto, aprobado por el gobierno el pasado 10 de junio después de que fracasaran las negociaciones entre la patronal y los dos grandes sindicatos de España.

El proyecto, que recibió 169 votos a favor, 159 en contra y 20 abstenciones, comienza ahora un largo camino parlamentario, ya que será tramitado en forma de ley para que se le puedan introducir modificaciones.

Esta previsto que se apruebe durante el próximo período, que comienza tras las vacaciones estivales. Una negociación “in extremis” con todos los grupos políticos de la Cámara, evitó que los nacionalistas vascos y catalanes tumbaran la medida, que sólo recibió el voto favorable de los socialistas.

El Partido Popular (PP), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) votaron en contra. Y, además de CiU y PNV, también se abstuvieron Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Para los grupos de la izquierda parlamentaria el proyecto recorta derechos, mientras para los conservadores la reforma se insuficiente y no resolverá los problemas de fondo del mercado laboral español.

Después de la votación, Zapatero expresó su “satisfacción” y remarcó que se trata de “una buena reforma de la negociación colectiva, que va a ayudar mucho a la creación de empleo y a la flexibilidad en las empresas, manteniendo lo que es la tradición de las relaciones laborales”.

El decreto, que introduce “más flexibilidad” al sistema del que depende la negociación de los convenios colectivos de los diversos sectores económicos, era la última gran reforma propuesta por el gobierno español para hacer bajar el desempleo, que ya alcanza al 21,2 % de la población activa, según datos del primer trimestre del año.

En medio de la presión de los mercados financieros sobre la deuda de los países periféricos de la zona euro- Grecia, Portugal y España-, Zapatero impulsó en mayo de 2010 un severo plan de ajuste, una reforma del sistema financiero y de las pensiones, y una reforma laboral que abarata el despido.

De acuerdo con la Unión Europea (UE) y el FMI (Fondo Monetario Internacional), la reforma del sistema de negociación colectiva era fundamental para mejorar las perspectivas de empleo en el actual contexto de “recuperación gradual”.

Ante una nueva crisis de la deuda de Grecia y que vuelve a amenazar a España, la aprobación de este proyecto trae tranquilidad a Zapatero de cara a su intención de concluir su segunda legislatura en marzo de 2012 pese a la presión de la oposición para que dimita.

Según la diputada del PP Famita Báñez, la reforma del gobierno “no va a genera empleo ni va a flexibilizar nada”, e incluso se corre el riesgo de generar “más desconfianza” porque este asunto deberá abordarse de nuevo en el futuro.

Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, sostuvo que la reforma va a fracasar porque no deviene de las negociaciones con la patronal y los sindicatos sino que “la propone el gobierno por la presión de los mercados”.

En tanto, los manifestantes del movimiento de los indignados, quienes volvieron a protestar hoy ante el Congreso de Diputados, creen que el proyecto de negociación colectiva impulsado por el gobierno otorga a la dirección de la empresa las decisiones salariales y de movilidad empresarial y deja a los trabajadores en una situación vulnerable.