Violencia familiar: la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto que modifica la ley

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que garantiza el acceso de las víctimas de violencia familiar a la justicia en términos de gratuidad, inmediatez, respuesta oportuna y rápida.

La iniciativa, que deberá ser tratada por el Senado, modifica una serie de artículos de la ley de violencia familiar y fue elaborada por la legisladora del FPV-PJ Claudia Prince.

La norma define a la violencia familiar como toda acción, omisión o abuso que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona en el ámbito familiar aunque no configure delito.

Además, incorpora una serie de medidas preventivas urgentes que pueden adoptar los órganos judiciales ante los cuales se radique la denuncia, independientemente de su competencia.

Entre otras cuestiones, el proyecto busca con esas medidas brindar protección en materia económica, preservar los bienes gananciales o los comunes de la pareja conviviente, y prohíbe enajenarlos, disponerlos, destruirlos, ocultarlos o trasladarlos.

También otorga el uso exclusivo a la mujer por el período que estime conveniente del mobiliario de la casa e incorpora la figura de asistencia protectora de la víctima durante todo el proceso.

En el proyecto se aclara la característica de la audiencia a la que debe convocar el juez interviniente al señalar que “debe tomarse personalmente bajo pena de nulidad y quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación”.

En cuanto a prueba, principios y medidas, rige el principio de la amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados y la evaluación, de acuerdo al principio de la sana crítica.

Prince explicó que “el respaldo parlamentario a la propuesta representa un gran paso para que definitivamente la violencia familiar se enfoque como cuestión pública en la que el Estado debe intervenir para prevenirla y erradicarla”.

“Este proyecto salda deudas pendientes como el funcionamiento articulado de poderes, en lo público y lo privado, intra e interinstitucional, interdisciplinario y con enfoque de género, para un abordaje integral e integrado de la problemática”, dijo la legisladora.

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