El gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó el modo en que se harán públicas las declaraciones juradas de los funcionarios públicos bonaerenses y dispuso que habrá una versión extendida, que tendrá carácter reservado, y otra sintética, a la que se podrá acceder de forma pública.

También dispuso que se sancionará con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de esas declaraciones reservadas.

A través de un decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se modificó el decreto 116/16, que regula el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y agentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y se oficializó la prórroga por 60 días para la presentación de esas declaraciones.

La medida dispone “sanciones” a quienes difundan “cualquiera de los datos” contenidos en las versiones extendidas de las declaraciones y para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”.

La medida dispone “sanciones” a quienes difundan “cualquiera de los datos” contenidos en las versiones extendidas de las declaraciones y para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”

La versión sintética no contará con: “los datos completos del cónyuge, de los hijos menores no emancipados, de las personas a cargo y convivientes; detalle de la profesión y medios de vida de las personas especificadas; el nombre del Banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero; los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora y sus extensiones en el país o en el exterior; la ubicación detallada de los bienes inmuebles”.

Tampoco serán públicos “los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables; los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra fueron individualizados por la autoridad de aplicación; la individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de DNI, razón social y CUIT, CUIL o CDI de aquellas sociedades, regulares o irregulares, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en los que se declare cualquier tipo de participación o inversión, acciones o cuota partes, y/o de los cuales se haya obtenido ingreso durante el año que se declara”.

“Los datos de individualización, con inclusión de nombre y apellido, tipo y número de DNI, razón social y CUIT, CUIL o CDI, de los titulares de los créditos y deudas que se declaren e importes atribuibles a cada uno” tampoco deberán constar en las versiones sintéticas de las declaraciones.

El decreto también establece que las declaraciones juradas patrimoniales sintéticas “serán públicas” y su contenido podrá ser consultado por cualquier persona, pero prevé sanciones para quienes tengan “cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general”; “determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo”; o “efectuar en forma directa o indirecta una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de otra índole”.

La Declaración Jurada Patrimonial alcanza a un total de 55.000 personas entre ellas la gobernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, subsecretarios y “todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430”.

También incluye a “el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría”.

En tanto, mañana, la Cámara de Senadores tiene previsto aprobar un proyecto que ratifica el decreto de Vidal pero que incluye también a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa invita también a que hagan pública la declaración jurada patrimonial los integrantes del Poder Judicial, intendentes y concejales.