Así lo informó a Télam el titular de la Secretaría, Pablo Navarro, quien detalló que por año separan “a 2.000 niños de sus familias de origen y en el 50 por ciento de los casos se los separa por maltrato, negligencia en el cuidado y abuso sexual”.

“En el 2013, la Secretaría intervino en 20.000 casos de niños con sus derechos vulnerados, y en 9.800 de esos casos se intervino por tratarse de casos de violencia y maltrato”, detalló.

El funcionario remarcó que “el 50 por ciento de esas 9.800 intervenciones eran casos similares al de las tres niñas”, rescatadas en Monte Chingolo.

El domingo último, tres niñas de 4, 12 y 13 años, primas entre sí, fueron halladas deambulando en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, tras escapar de una pareja, que practicaba el rito umbanda y las tenía sometidas a servidumbre y abuso.

Navarro destacó que “de esos 20.000 casos del 2013, unas 2.180 intervenciones se debieron a casos de abuso sexual, y en el 17 por ciento de esos casos se tuvo que separar de sus vínculos afectivos a los nenes o nenas”.

En los 200 hogares que posee la Secretaría en la toda la provincia se alojan más de 3.100 chicos y el 50 por ciento de ellos son casos que tienen que ver con maltrato, abuso sexual o cuidado negligente de adultos, informó.

“La Secretaría cuenta además con una red tercerizada de clínicas, de atención de discapacidades o psiquiátricas, a las que eventualmente se incorporan los niños que así lo requieran”, detalló.

Navarro recordó que la Secretaría cuenta con una línea telefónica gratuita, el 102, para recepcionar denuncias sobre casos donde sean vulnerados los derechos del niño.

“La línea 102 funciona las 24 horas, loa 365 días, es de acceso gratuito, y es atendida por un equipo de la Secretaría que de inmediato toma intervención ante una denuncia, articulando con los equipos zonales”, explicó.

La línea brinda ayuda a niños y adolescentes víctimas de maltrato, familiares, docentes o vecinos que sepan de la comisión de un hecho de violencia contra un menor de edad.

La línea atiende la demanda de toda la provincia desde el nivel central en La Plata, y coordina respuestas con equipos regionales o municipales especializados.

La función del operador telefónico es la de evaluar el contenido de la demanda, discriminar si se trata de un caso de vulneración de derechos infantiles, evaluar cuál o cuáles son los derechos vulnerados y orientar en consecuencia, hacia la presentación y derivación del caso a un servicio local o servicio zonal, otro efector público, institución u organización social o comunitaria.

La tarea y los datos recogidos se registran en un sistema informático que brinda estadística y conforma una base de datos articulada con el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia.