Pablo Schoklender “Está muy claro, pero muy claro, quiénes han sido los protagonistas de esta historia”, enfatizó, y recordó: “Mi hermano comenzó su relación con la señora Hebe Pastor de Bonafini hace casi 20 años, viajó junto a ella por todo el mundo, llenando varios pasaportes, y compartieron infinidad de proyectos y actividades en las que yo jamás participé”.

Pablo, en un escrito que hizo llegar al juez federal Norberto Oyarbide desde la cárcel de Ezeiza, remarcó: “Yo no soy mi hermano, durante años permití que se hablara de los hermanos Schoklender como si fuéramos siameses, pero no lo somos”. Y agregó: “Somos dos personas totalmente diferentes (…), en particular en relación con los hechos que se investigan en la presente causa”.

El menor de los Schoklender, que hoy debía ampliar su declaración indagatoria pero pidió postergación por sufrir dolor de espalda, se quejó al magistrado por el “error” de confundirlo con su hermano al imputarle “cosas que ha hecho él”, aunque aseguró que no quiere sostener que su hermano “es penalmente responsable de algo” porque “eso lo dirá la Justicia”.

Pablo aseguró que “jamás” firmó “ningún convenio” ni gestionó “ningún subsidio” e indicó que su hermano y Bonafini firmaron “los primeros contratos con el Gobierno para la construcción de casas” mientras que él, dijo, sólo se ocupaba de gestionar bibliotecas sobre derechos humanos para repartir en las escuelas públicas.

“Antes de que yo tuviese funciones ejecutivas ya se había verificado una quiebra e infinidad de cheques rechazados”, disparó.

También consideró que las “situaciones” irregulares detectadas en la Fundación “de un modo evidente, notorio, ostensible y manifiesto sólo lo involucran a él (por Sergio)”, por lo que preguntó: “¿Por qué se aplica a mi respecto una restricción que reconoce su origen (entiendo que imaginario) en hechos protagonizados por mi hermano?”.

En esta causa Oyarbide investiga el presunto desvío de 280 millones de unos 750 millones de pesos que la Fundación recibió del Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales en el plan “Sueños Compartidos”.

Al ex apoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, el magistrado le imputó la supuesta jefatura de la “asociación ilícita” que habría llevado adelante esas irregularidades, mientras que acusó como supuestos organizadores a Pablo Schoklender y a Alejandro Gotkin, director de la empresa Meldorek, que llevaba adelante las construcciones. Los tres cumplen prisión preventiva.