El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 de Lomas de Zamora también condenó a tres años y dos meses de cárcel a Alejandro Valenti, ex funcionario del área de compras de la Fiscalía de Estado bonaerense, por hacer valer su cargo para legitimar las autopartes robadas.

En tanto, Gabriela Sáenz, la esposa de Fernández, fue condenada a tres años y dos meses; y Julio Mayor, su padrastro, a tres años, por formar parte de una “asociación ilícita”, mientras que Bertha Romero, la madre, fue absuelta.

El fiscal del juicio, Jorge Bettini Sansoni, dijo a Télam que quedó acreditado que Fernández era “jefe” de una asociación ilícita y que “encubrió” el robo de un motor en la localidad bonaerense de Avellaneda, que luego apareció en uno de sus galpones.

El tribunal dispuso la inhabilitación de Fernández -quien estuvo con prisión domiciliaria durante casi seis años- para actividades vinculadas conautomotores y que debe pagar una multa por 50.000 pesos, mientras que a Valenti lo inhabilitó por siete años para que ocupe cargos públicos y debe abonar la suma de 30.000 pesos.

Los jueces José Polizza, Daniel Mazzini y Susana Silvestrini no dispusieron ninguna detención y, por ende, continuarán todos en libertad hasta que la sentencia quede firme.

Por su parte, Rubén Reznik, abogado defensor de Fernández, dijo a Télam que apelará el fallo y calificó a la sentencia del TOC 10 como un “bochorno”.

El fiscal había solicitado en su alegato la pena de nueve años de prisión para Fernández, siete para Valenti y tres para
Sáenz, Romero y Mayor.

“La Justicia no debe llevar a juicio sólo a pobres y marginales porque si bien roban autos, no son los que se llenan los bolsillos de dinero con los desarmaderos. De lo contrario, no somos todos iguales ante la ley”, dijo Bettini Sansoni.

El fiscal consideró a Fernández como “jefe” de una asociación ilícita, lo acusó de dos hechos de encubrimiento agravado por fines de lucro y había pedido que se le aplique una multa de 90.000 pesos y una inhabilitación especial para actividades relacionadas con autos.

Fernández, en sus últimas palabras, pidió “que no cometan errores como otros tribunales y que no se siembre más terror desde el Estado”.

Su abogado dijo que Fernández se consideró “inocente” porque “quedó demostrado que la prueba fue plantada por la Policía” debido a que se negó “a pagar una coima”.

Respecto de ese argumento, el fiscal sostuvo que el expediente “no se basó en la investigación policial sino en escuchas telefónicas” y recordó que trabajaron en el esclarecimiento del caso funcionarios judiciales.

El sindicado “Rey del Corte” dijo que durante todos estos años perdió “momentos irrepetibles” de su vida, más allá de las “pérdidas económicas” y también aseguró que todos los efectivos que lo investigaron “fueron echados de sus cargos”.

Durante el juicio, la testigo Cristina Valiente de Melo contó que cuando ella le aseguró a Fernández que iba a denunciarlo por la gran cantidad de chatarra que había en la vereda de su casa ubicada en la calle Víctor Hugo de la localidad bonaerense de Wilde, éste le respondió: “A mí nadie me toca. Yo soy un dios”.