A continuación, algunas de las intervenciones más salientes del encuentro.

«A partir del fallo Mendoza se ha logrado modificar la parte actora y la demandada a través de un consorcio que es la Acumar. El hecho de que exista un juez único encargado de la ejecución, significa que hay una mirada global y completa de los problemas que se susciten. El pedido de la Corte de un informe detallado significa que sigue atenta y está totalmente convencida de que hay una condena y que el Estado tiene que cumplirlo», indicó el juez Armella.

Cristina Maiztegui, responsable del Área de Ambiente, advirtió que ante la falta de avances «no hay manera de informar a la gente si se avanza o no, incluso a la Corte».

Andrés Nápoli, director del área de Participación Ciudadana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y miembro del Cuerpo Colegiado, opinó sobre la ímportancia de la Acumar como institución y como ejecutora del plan de saneamiento: «El Comité de Cuenca deja mucho que desear en cuanto a su gestión, ya que existe un gran retraso en el cumplimiento de los mandatos de la Corte. No hemos llegado ni a un tercio de la fiscalización de las industrias»».

En ese sentido, Leandro García Silva, representante de la Defensoría del Pueblo intervino: «La importancia pasa por gestionar el día a día para que no se vuelva a generar esta situación”.

Sebastián Vinagre, Defensor del Pueblo de Avellaneda planteó la dramática situación que vive el partido: «Al estar cerca de la gente un lugar emblemático como Avellaneda, que es el gran inodoro de la cuenca, tenemos una cultura del Riachuelo y no en zonas marginales, sino también en pleno centro, a tres cuadras de la Defensoría hay gente que vive sobre el Riachuelo. Si bien existe un avance en el programa de viviendas, la gente se va reproduciendo y hoy son más de 30 familias y, sino reaccionamos, va a seguir aumentando el número y hay que prestarles más servicios”, sotuvo Vinagre.

Gustavo Villa Uría, presidente del Consejo Ejecutivo de Acumar destacó el trabajo que se está haciendo desde el Estado para medir la calidad del agua. «El dilema de Avellaneda lo tenemos todos los días, ya que les llevamos agua y esa provisión les da la expectativa de que se pueden quedar. Acumar está cumpliendo con los requerimientos del fallo de crear un organismo autárquico que pueda manejar su presupuesto. Se ha desligado de la Secretaría de Ambiente, es interjuridiccional.

Van a entrar ahora 1200 cooperativistas con el plan “Argentina trabaja” para la limpieza de márgenes. Estamos en una política integral. No podemos decir que llegamos a un punto de inflexión, pero estamos llegando a indicadores que marcan algunas mejoras”.

El funcionario reconoció además, que hasta el momento sólo cuenta con el 50% del presupuesto asignado para el organismo, que de las 2000 industrias que se han inspeccionado en la cuenca (hay un universo calculado de entre 10.000 y 20.000) sólo fueron sancionadas dos por contaminar y sólo una presentó en tiempo y forma un plan de reconversión industrial.

Por último, el juez Armella aseguró: «Estoy convencido de que se va a llevar adelante el saneamiento, pero cuidar el medio ambiente es proteger al ser humano en cuanto a la integridad y la dignidad»