La primera obligación del Estado es la de garantizar la seguridad pública. Si no cumple esa función básica, pierde una parte esencial de su naturaleza y carece de justificación. La sociedad civil tiene como primer propósito asegurar la vida de quienes la integran. Si no lo hace, no sirve para nada.

Los instrumentos clásicos de una política de seguridad frente al delito profesional son la policía, la justicia y el sistema carcelario. La buena policía requiere de reclutamiento adecuado, una formación profesional intensa y constante, un buen equipamiento y el necesario control político y judicial que asegure la transparencia y legalidad de sus actos.

La Justicia debe ser eficiente e independiente. No es eficiente aquel sistema judicial que sólo logra investigar –y a veces sancionar- un porcentaje mínimo de los delitos que se denuncian. El sistema carcelario debe servir, como dice la Constitución, para seguridad y no para castigo de los allí alojados. Mucho menos para reproducir y perfeccionar las conductas delincuenciales.

Pero en Argentina de hoy, el delito profesional es sólo una parte menor del problema. La marginalidad y la exclusión han creado espacios sociales en los que se acumula la necesidad y la carencia. La enorme diferencia entre ricos y pobres y la creciente utilización de la pobreza como área reservada al clientelismo político, crea las condiciones para que las víctimas de esta situación terminen desarrollando una actitud de rechazo que muchas veces, se expresa con una agresividad irracional en la que la droga juega un papel central. Frente a esta situación social, la receta no es la represión, sino la justicia social. En una acción de largo plazo, hay que reconstruir la escuela, el hospital público, la vivienda popular y el sentido de solidaridad humana. Sólo de esa forma podremos salir de este agobio de la inseguridad.

Por supuesto, cualquier política de seguridad en el Gran Buenos Aires debe estar racionalmente coordinada entre la Nación, la Provincia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los Municipios. La utilización del tema de la seguridad como parte de una especulación destinada a perjudicar al adversario, demuestra no sólo falta de talento, sino falta de respeto por los muy concretos intereses del ciudadano común.

Lamentamos que las autoridades de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires estén protagonizando un conflicto alrededor del tema de la policía que, en lugar de acercar la solución, la vuelve aún más difícil y lejana.

Juan Manuel Casella Presidente
Hipólito Fernández Secretario de Prensa