La presentación judicial considera que se viola el derecho a la intimidad de los niños, así como el derecho a la reserva de la propia imagen, precisaron en un comunicado las dos organizaciones que patrocinan a padres de estudiantes de escuelas públicas.

El amparo, que quedó radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 que subroga la jueza Elena Liberatori, solicita la suspensión del acto administrativo por el cual el jefe de Gobierno avaló el registro de imágenes dentro de las escuelas.

La licitación prevista para la instalación de cámaras por parte del gobierno porteño incluye un total de 330 establecimientos de los cuales 90 son escuelas, y el monto previsto por el gobierno para esa instalación es de $532 millones.

En el amparo, los padres afirman que “se privará a nuestros niños del derecho a su intimidad en la vida escolar y en sus conflictos según su estadio del desarrollo, a pesar de que el Estado ha reconocido a todas las personas -y especialmente a los niños y niñas- el derecho a mantener reservada la información que considere no comunicable”.