En una victoria táctica para el presidente Nicolas Sarkozy, los empleados de las tres refinerías votaron ayer retomar sus tareas tras dos semanas de paro, y la policía consiguió dispersar a huelguistas y reabrir todos los 219 depósitos de combustible que no dependen de las nueve refinerías que aún están bloqueadas.

Se espera que la vuelta al trabajo de los trabajadores de esas refinerías mitigue la escasez de combustibles, que al día de ayer todavía mantenía sin naftas a una de cada cuatro estaciones de servicio del país, según las autoridades.

En otra señal de aparente alivio de las protestas, el sindicato de recolectores de basura de la sureña Marsella anunció hoy que mañana levantará el paro que inició hace 15 días debido a los riesgos resultantes de las 9.000 toneladas de basura que se acumularon en la ciudad mediterránea, la segunda de Francia.

“No hay un riesgo sanitario extenso en la ciudad, pero notamos un empeoramiento de los problemas de higiene y seguridad, y somos un sindicato responsable”, dijo el jefe del gremio FO-Territoriaux, en conferencia de prensa, citado por la cadena de noticias CNN.

Sarkozy se mantuvo firme pese a la intensificación y radicalización de las protestas en las últimas semanas, e insiste en que la reforma jubilatoria es esencial para salvar el deficitario sistema previsional y garantizar las pensiones de las generaciones futuras.

La ley de reforma, que eleva la edad jubilatoria mínima de 60 a 62 años, fue aprobada ya por ambas cámaras, pero con diferencias, por lo que una comisión completó ayer la redacción final de un texto consensuado que ahora será sometido a votación y sancionado, casi con seguridad el miércoles, dijeron legisladores.

En declaraciones a la radio Europa 1, la ministra de Economía, Christine Lagarde, dijo ayer que cada día de huelga contra el proyecto de reforma del régimen de pensiones le costaron a Francia entre 200 y 400 millones de euros, por lo que el total de pérdidas se calcula entre 1.600 y 3.200 millones de euros.

La ministra de Economía francesa hizo hincapié también en el “perjuicio moral” provocado por las huelgas por su impacto sobre la imagen del país en el exterior.

El gobierno confía en que la sanción de la ley -que se da por descontado dada la mayoría del oficialismo en el Parlamento- y el advenimiento de las vacaciones escolares disminuyan la fuerza de las protestas en los próximos días.

Pero los sindicatos y los estudiantes que se oponen a la ley se mantiene desafiantes y convocaron a nuevas manifestaciones.

Hoy, los estudiantes planean realizar una jornada de protestas y movilización en sus universidades, mientras que los sindicatos llamaron a manifestaciones coordinadas a nivel nacional para el jueves próximo y el 6 de noviembre.