Piñera aseguró que no beneficiará con el indulto a los condenados por crímenes atroces

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró hoy que quienes cometieron delitos atroces durante la dictadura pinochetista, no se beneficiarán con los indultos propuestos en el proyecto de ley del Ejecutivo para mitigar el hacinamiento en las cárceles.

«Quiero asegurar que los que cometieron delitos atroces como el caso del general (Manuel) Contreras (ex jefe de la DINA, policía secreta pinochetista), no van a tener ningún beneficio porque sentimos que no lo merecen», aseveró el mandatario a Televisión Nacional, según reprodujo la agencia de noticias ANSA.

La aclaración del mandatario surge luego de una semana de polémicas y contundente rechazo de la oposición y las organizaciones de derechos humanos al proyecto de ley del Ejectutivo para flexibilizar las normas de libertad con el fin de aliviar la complicada situación de hacinamiento en las cárceles, lo que beneficiaría a unos 9 mil reclusos de una población carcelaria de 50 mil.

En principio, la idea del Ejecutivo es administrar indultos para mayores de 80 años o enfermos terminales, aunque al anunciarse la iniciativa días atrás no se hizo distinción entre presos comunes y militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

«Si estamos hablando de derechos humanos, no debiéramos hacer distinción por si es civil o militar, pero sí tenemos que hacer distinción por la gravedad del delito que cometieron», aclaró hoy Piñera.

Sin embargo, consideró que «distinto es el caso de hacer razones humanitarias con personas que tienen enfermedades terminales, menos de seis meses de vida o más de 80 años: a esas personas, siempre que no hayan cometido delitos graves, el permitirle morir en su casa, con su gente me parece una razón humanitaria».

El miércoles, en el marco de su visita oficial a España, Piñera hizo declaraciones sobre el proyecto que no ayudaron a despejar las dudas sobre si los militares condenados por delitos de lesa humanidad y que estuvieran en esas condiciones serían alcanzados por el indulto. «Son todos seres humanos y por lo tanto todos sujetos de razones humanitarias.

Vamos a conversar y explorar en el Congreso la posibilidad de otorgar también conmutaciones de penas o indultos a personas de edad avanzada, mayores de 80 años, y a personas que estén con enfermedades terminales», dijo en la Universidad Alcalá de Henares al cerrar su visita a España.

Al día siguiente, la ministra vocera presidencial, Ena von Baer, afirmó que «si no hay consenso, no se avanza» en el indulto a militares violadores de los derechos humanos que tienen más de 80 años o son enfermos terminales.

La ministra precisó que una iniciativa en ese sentido «está muy verde todavía» y descartó que un indulto pueda beneficiar a Contreras porque ello «está fuera de la realidad y no caería en la iniciativa», ya que el militar está condenado a cadena perpetua.

En diálogo con la prensa extranjera acreditada en Chile, la vocera presidencial dijo que un indulto a condenados militares ancianos o enfermos es «una medida fuertemente humanitaria», pero subrayó que requiere «un gran acuerdo nacional».

Además, descartó que el impulso gubernamental al indulto para violadores de derechos humanos obedezca a un compromiso con militares durante la campaña electoral presidencial de Sebastián Piñera, pero reiteró que el eventual indulto debe ser «sin discriminación», entre beneficiados civiles o militares.

La posibilidad de indultar a los militares es rechazada por todo el arco político opositor, con la Democracia Cristiana, principal partido de la Concertación, a la cabeza.

El senador y presidente de la DC, Patricio Walker, cuestionó un posible beneficio a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad subrayando que la iniciativa busca descongestionar las cárceles y que «el hacinamiento no está en Punta Peuco», el lugar de detención en condiciones especiales de los represores.

Pero desde el oficialismo también manifestaron críticas cuando el gobierno recapituló sobre incluir en el beneficio a los represores emblemáticos de la dictadura pinochetista.

La diputada María Angélica Cristi, de la Unión Democrática Independiente (UDI), que integra la alianza gobernante, resaltó que la iniciativa tiene exclusiones “con nombre y apellido y es un nuevo portazo a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos enfermos, muchos de ellos con cánceres terminales, mayores”.

Cristi manifestó que el gobierno «se asustó frente a los reclamos y gritos destemplados de personeros de la Concertación”, lo que consideró “lamentable”, por lo que espera que “recapacite y dé una oportunidad a quienes, por defender la patria, están hoy condenados”.

También el comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba, se sumó a la polémica y sostuvo que «los exmilitares son ciudadanos y son chilenos y lo que establece la Constitución es el principio de igualdad ante la ley.

En tal condición, se debe cumplir el precepto constitucional». De la población carcelaria de 50 mil reclusos, sólo hay 65 violadores de los derechos humanos que cumplen reclusión efectiva, aunque otros 700 están procesados en diversos juicios.

Durante la dictadura pinochetista se estima que más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas por los represores y otras 50 mil padecieron torturas.

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