Al concluir dos días de alegato, el abogado de la querella oficial, Martín Rico, reclamó el mayor rigor penal previsto en el Código Penal para doce de los 17 acusados en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro de detención de la Armada.

La reclusión perpetua no contempla la posibilidad de obtener la libertad condicional al cabo de cumplimiento de un parte de la pena, como ocurre con la prisión perpetua, que en rigor es de 25 años.

La severa penalidad, a cumplir “en cárcel común”, fue pedida también para Antonio Pernías, Raún Scheller, Juan Carlos Rolón, Julio César Coronel, Juan Carlos Fotea. Ricardo Cavallo, Ernesto Weber, Jorge Radice, Néstor Savio y Alberto Gonzalez..

La querella pidió la condena sólo por doce de los 85 delitos juzgados en le juicios, correspondientes al secuestro y desaparición del llamado “grupo de la Santa Cruz”, la iglesia del barrio porteño de San Cristobal donde funcionaba el primer grupo de las Madres de Plaza de Mayo.

En este operativo fueron secuestradas las madres Azucena Villaflor, Mary Bianco y Esther de Careaga, junto a las monjas francesas Alice Domón y Leónie Duquet.

También fueron secuestrados los militantes de derechos humanos Angela Aguad, Patricia Oviedo, Eduardo Orane, Raquel Bullit, José Fondevilla, Remo Berardo y Horacio Elbert.

La penalidad pedida corresponde al delito de “coautores directos” de las doce privaciones ilegales de libertad agravadas por ser cometidos por funcionarios públicos y tormentos, además de cinco homicidios.

Estos últimos corresponden a los miembros del grupo cuyos cuerpos fueron hallados en playas de la Costa Atlántica y enterrados como NN luego de ser arrojados al mar en “vuelos de la muerte”.

Los cuerpos recuperados de esas víctimas corresponden a las madres Villaflor, Bianco y Careaga, de la monja Duquet y la militante Angela Aguad, y se encuentran actualmente sepultados en el patio de la iglesia de la congregación pasionista.

La querella pidió que se consideren “crimenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del genocidio” producido en el país durante la ultima dictadura.

Alfredo Astiz, quien se infiltró en el grupo en el grupo simulando ser familiar de desaparecidos y lo marcó in situ, escuchó ayer impávido el pedido de condena, sumergido en la lectura de papeles de una carpeta rosada que porta en cada audiencia.

Sólo levantó la mirada para increpar a una operadora de video del INCAA que toma las imágenes oficiales del juicio como un documento histórico y ante el cual los acusados pidieron al tribunal que no se registren sus caras, un planteo llevado con violencia por sus defensores al fin de la audiencia de ayer.

Junto a Astiz estaban esta tarde todos los acusados, a los que deben agregarse Adolfo Donda, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, y el almirante Oscar Montes, que comandó la ESMA antes de ser canciller.

Para el jueves y viernes próxino continuará alegando por las querellas el abogado Horacio Mendez Carreras, en representación de las familias de las monjas francesas, y luego el abogado Luis Zamora, por la familias Careaga y de la joven sueca Dagmar Hagelin.

Otro tramo del juicio, con alegatos específicos, corresponde al asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh, cometido el 25 de marzo de 1977, y cuyo cuerpo fue visto por sobrevivientes, una minoría de los 5 mil detenidos clandestinos que pasaron por la ESMA.