En soledad, el kirchnerismo dio hoy dictamen favorable al proyecto para unificar Código Civil y Comercial. El proyecto será tratado el miércoles 27 en el Senado, pese al rechazo opositor, que denunció que se impidió un dictamen consensuado y cuestionó la premura de la discusión.

“Entendíamos que estaba agotada la discusión y había posiciones irreconciliables”, explicó al término de la reunión de la Bicameral el senador Miguel Ángel Pichetto al confirmar la voluntad del oficialismo de darle media sanción la semana que viene.

De todos modos, el titular de la bancada del FpV en la Cámara alta dejó abierta la posibilidad de introducir cambios: “Seguramente habrá un debate por títulos, seguramente algunos temas puedan ser objeto de un algún debate más profundo. Y si surge alguna cosa valiosa que valga la pena incluir, lo haremos”, prometió.

Pichetto buscó llevar tranquilidad con esas palabras a los bloques antikirchneristas, que se negaron a firmar el dictamen por dos grandes motivos: la celeridad que el Gobierno quiso imponer al tratamiento y la insistencia en no incluir la responsabilidad del Estado en el nuevo código.

“El oficialismo ha roto la posibilidad de consensos”, indicó el radical Ernesto Sanz. “Lamentablemente, la ley no ha sido precedida de un acuerdo generoso. Estamos muy preocupados por las últimas modificaciones que introdujo el FpV”, coincidió el diputado Ricardo Gil Lavedra.

Gil Lavedra se refirió así a algunos de los 180 cambios que se le introdujeron al texto que envió el Poder Ejecutivo, según comunicó Pichetto. Entre las dispersiones que admitió el kirchnerismo figuran varios reclamos que había hecho la Iglesia, entre ellos la eliminación de la gestación post-mortem y la fecundación por sustitución. Además se “mejoró” el artículo 18, referido al derecho a la propiedad indígena.

Los cambios no contemplaron el pedido opositor para que se incluya la responsabilidad del Estado en el Código, tal como se especulaba luego de la defensa que hizo ayer el ministro de Justicia, Julio Alak. “Incluir en él la responsabilidad del Estado sería una afectación clara y contundente del federalismo. Sería posibilitar que una cuestión de la provincia de San Luis sea juzgada por el Código Civil Nacional”, explicó.

El presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, defendió esa decisión al sostener que se intenta “generar un marco de protección del Estado porque representa a los argentinos”. Observó, en ese sentido, que la cuestión será abordada en una ley aparte. Y en cuanto a las críticas por la celeridad, dijo: “Nos parecía que había que lograrlo antes de que termine este período parlamentario porque, si no, es volver a empezar”.

El radicalismo, el Frente Renovador, el PRO y Unidad Popular indicaron que presentarán dictámenes en minoría y manifestaron su desilusión por la falta de receptibilidad del oficialismo a propuestas planteadas por la oposición.