En ese sentido, en un documento difundido por Infancia en Deuda, señalaron que “la aceleración inflacionaria y su efecto sobre los salarios afectan el poder adquisitivo de las familias e impactan en su bienestar. En este contexto, los hogares con niñas, niños y adolescentes son los más expuestos a riesgos, aún más los que ya estaban en situación de pobreza e indigencia, con bajos ingresos o empleo informal”.

Luego, manifestaron que “las crisis económicas tienen enormes consecuencias en la niñez y adolescencias, porque existe el riesgo que abandonen la escuela, ingresen tempranamente al mercado laboral, disminuyan la cantidad y calidad de alimentos, vean restringido el acceso al derecho a la salud, o sean víctimas de violencias, entre otros factores de riesgo”,

El documento fue firmado por las y los defensores provinciales Analía Colombo (Santa Fe), Luis Horacio Santucho (Santiago del Estero), Miguel Ángel Molina (Misiones), Juan Pablo Meaca (La Pampa) y Amelia López (Córdoba); y los defensores nacionales designados por la Comisión Bicameral del Congreso: la Defensora Marisa Graham y sus adjuntos, Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto.

Asimismo, exhortaron “al Poder Ejecutivo Nacional a proteger a la niñez y la adolescencia ante el agravamiento de la situación económica actual, declarando la emergencia alimentaria y garantizando la intangibilidad de los fondos destinados a infancias y adolescencias”, y exigen la plena ejecución de todos los programas y planes que permitan disminuir los índices de pobreza en estas poblaciones y se priorice el financiamiento de la protección social”.