El ex ministro de Educación bonaerense agregó que “en San Isidro el jardín funcionaba y daba un servicio diferente para el que estaba habilitado originalmente; se trata de un emprendimiento privado que prestaba un servicio que no estaba declarado en el Estado y, por lo tanto, estaba exento de la supervisión.

Además, nunca antes hubo una denuncia, por lo cual era difícil conocer su funcionamiento”.

Por otra parte, el legislador apuntó que “desde el Congreso hay que llenar de forma urgente el vacío legal o normativo que existe respecto de este tipo de establecimientos”.

En ese sentido, Oporto señaló que “la educación maternal, que va de los 45 días a tres años de edad, recién ahora, con la vigencia de las nuevas leyes nacional y provincial de educación, se incluye en el nivel inicial”, al tiempo que enfatizó que “esto significa que se fortalece la presencia del Estado, a través de la supervisión”. Y manifestó que “previo a la sanción de las leyes, este tipo de servicios se desarrolló libremente y sin control del Estado. A partir de las leyes hay un avance importante porque permiten regularizar este tipo de establecimientos”.

En otro orden, el diputado nacional dijo que “la actitud del docente involucrado en el caso va más allá de la habilitación o no del establecimiento”, por lo que “no sólo es repudiable sino que merece la actuación de la justicia”.

Finalmente, Oporto remarcó que “también es importante apelar a la responsabilidad de la comunidad para saber del funcionamiento de este tipo de establecimientos”. Al respecto, indicó que “las familias o los vecinos pueden ayudar en esta tarea”.