“Nosotros, a partir de un análisis muy profundo realizado por cinco dependencias de la secretaría, reuniones realizadas con Cancillería, con equipos de la jefatura de Gabinete, llegamos a la conclusión de que este proyecto infringía muchas leyes, infringía el tratado, dado que la desembocadura está a dos kilómetros y sustancias fosforadas iban a llegar al cauce en cantidades enormes”, afirmó el secretario sobre el emprendimiento, uno de cuyos accionistas es el directivo del grupo Clarín José Aranda y el magnate húngaro George Soros.

En diálogo con Radio Continental, Mussi destacó que la resolución de la secretaría “ha parado el desarrollo de esta obra, y con motivos tan fundados que sería prácticamente imposible retomar este proyecto”, pero indicó que los interesados en impulsarlo “aún pueden recurrir a la Justicia”.

El secretario además comparó la situación con el caso de la papelera UPM-Botnia: “El tratado que nosotros tratamos de defender por todos los medios con el tema Botnia estaría ahora infringido (en caso de continuar las obras de Ayuí) por parte de nuestro gobierno”.

Por último, el funcionario señaló que el proyecto original prevé la inundación de siete mil hectáreas, afectando bosques nativos y poniendo en riesgo la flora y fauna autóctona.