En este nuevo encuentro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se pusieron de relieve los reclamos que reciben todas las defensorías y que muestran las innumerables deficiencias que experimenta el servicio de telefonía móvil en nuestro país.

En particular, se tomó como referencia el caso de La Plata, que durante el temporal e inundación de principios de abril sufrió la virtual interrupción de las comunicaciones por celular, quedando claramente en evidencia la deficiencia en la prestación y la necesidad de encuadrar su funcionamiento en un marco que garantice a los usuarios el correcto funcionamiento del servicio.

Los defensores indicaron que la telefonía móvil es un verdadero servicio público, ya que su prestación apunta a satisfacer necesidades públicas en forma continua, regular, uniforme y general, más allá de que su ejecución sea privada. Por eso, indicaron que es necesario limitar y establecer su regulación, registros y tarifas, con el fin de garantizar un régimen de protección al más débil.

Para que esta iniciativa tenga tratamiento en el Congreso nacional, los miembros de ADPRA proyectarán una serie de encuentros con legisladores de distintos puntos del país, con el objetivo de consensuar una normativa que apunte a normalizar las actuales deficiencias del servicio.

En el plenario también se analizaron diferentes problemáticas que reciben las defensorías argentinas. Atendiendo a la problemática derivada los aumentos de las tarifas de los servicios, los defensores acordaron recomendar a las legislaturas provinciales que exijan a los distintos organismos la puesta en marcha de audiencias pública cada vez que se proyecten subas.

De la agenda del encuentro, también se determinó la necesidad de dotar a la figura del Defensor del Pueblo de rango constitucional en todas las provincias

Por otro lado, los defensores del Pueblo se expidieron a favor de profundizar la investigación sobre los reiterados episodios de violencia que afectan a las comunidades Qom en las provincias de Formosa y Chaco, y que derivaron recientemente en la muerte, en dudosas circunstancias, de ciudadanos de esa etnia.

En esa línea, ADPRA decidió enviar una misión especial de esa organización para visitar a los pueblos originarios afectados por los graves conflictos, con la intención de hacer un diagnóstico de la realidad que les toca vivir en esas dos provincias norteñas. Los defensores señalaron que la visita a Chaco y Formosa apunta a “visibilizar la realidad de los indígenas norteños, lo que implica estar del lugar de los más débiles, de los sectores que no tienen voz”.

La Asociación también acompañó el reclamo de la Unión Cordobesa de Ciegos (UCORCI), quien exige que, ante el deterioro de los billetes, las autoridades produzcan papel moneda de diferentes tamaños para que de esa forma la comunidad no vidente no tenga dificultades a la hora de diferenciarlos.

Por último, se trató el reclamo de accesibilidad para personas con discapacidad en el transporte público; la formulación de planes de contingencia y asistencia recíproca en situaciones de catástrofes; la problemática de las infracciones labradas a través del sistema de cinemómetros; y se creó la Red de Mediadores de Adpra.

Encuentro con el gobernador Bonfatti

El día previo al plenario, los defensores mantuvieron un encuentro con el gobernador santafecino, Antonio Bonfatti, quien destacó el rol de las defensorías que “funcionan como señales de alerta para la gestión del gobierno”.

A su turno, el titular de Adpra y Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, indicó que el organismo que preside “permite a los defensores del Pueblo tener una mirada nacional de los problemas y recomendar a las autoridades de todo el país siempre desde un acompañamiento crítico a las gestiones gubernamentales”.

Durante esa jornada, se realizaron actividades por el 160 aniversario de la sanción de la Constitución de 1853, que fueron organizadas por ADPRA, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Legislatura santafesina.

En este acto, y luego de las gestiones del presidente del Club del Orden, Carlos Caballero Martín, la senadora nacional, Roxana Latorre, y el presidente de la Cámara de Diputados santafecina, Luis Rubeo, se recibió una réplica de la Constitución Nacional de 1853, que será expuesta en forma permanente en la Legislatura provincial. Del evento participaron el vicegobernador santafecino, Jorge Henn, y la vicepresidente primera de la Cámara de Diputados, María Inés Bertero.

También se realizó un acto académico sobre la figura del Defensor del Pueblo en el Consejo Superior de la UNL. En este espacio, expusieron sus experiencias el Defensor del Pueblo de la provincia de Corrientes, Miguel Alegre, el Comisionado Parlamentario para las cárceles de la República del Uruguay, Alvaro Garcé, y el miembro de la Universidad de Paraíba, Brasil, Rubens Pinto Lyra.