El principal allanamiento se realizó en horas de la tarde en las oficinas que la empresa tiene en avenida Leandro Alem al 600, en la Ciudad de Buenos Aires, donde participó personal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 12, a cargo del juez Sergio Torres, que lleva adelante la causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Al término del allanamiento, la subdirectora de Operaciones Impositivas de la AFIP, Karina Vernier, dijo a la prensa que, junto a la justicia “encontramos documentos relacionados con la causa”.

En las oficinas de Alem al 600 “funciona el estudio jurídico y es dónde la empresa tiene el domicilio fiscal”. Además la justicia allanó otra oficina, ubicada en la calle Amancio Alcorta al 2.400, y un depósito de la empresa, en Saraza al 6100, todas en la Capital Federal.

Vernier enfatizó que estas acciones “no tienen ninguna vinculación con el incendio, ya que la investigación a la empresa comenzó en junio del 2013, siete meses antes del siniestro”.

La AFIP detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014 y la investigación que acompaña el expediente judicial identificó en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero.

La corporación dedicada a la guarda y archivo de documentación tiene su casa matriz en Boston, pero el 98,8 por ciento de la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en Luxemburgo.

La empresa opera en un sector con elevados niveles de rentabilidad, pero genera escasas o nulas utilidades, por lo que no paga el Impuesto a las Ganancias.

La fiscalización de la AFIP que acompaña la causa comenzó en junio de 2013, siete meses antes del incendio del 5 de febrero que destruyó el depósito de la firma en Barracas y dejó un saldo de diez muertos entre bomberos y rescatistas.

En ese momento, la firma comenzó a ser investigada con mayor profundidad, ya que, a pesar de mantener una extensa plantilla de empleados y un elevado nivel de facturación, nunca arrojó utilidades.

Como parte del proceso de investigación se emitieron cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y se solicitó información a las islas Caimán donde está radicada su propietaria mayoritaria, aunque el territorio británico de ultramar todavía no respondió.

En paralelo, la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) están finalizando la investigación sobre la documentación que resultó destruida por las llamas.

Los resultados preliminares de ese análisis advierten que durante el siniestro se perdieron cajas con datos claves para investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribás.