Según explicó el ministro de la Producción, Martín Ferré, “la única manera de procurar que el sistema productivo de la Provincia crezca y se potencie, es generar un sólido vínculo de transparencia en la relación entre el empresario y el consumidor. Por esto, el gobernador Daniel Scioli ha fijado como una de las pautas de trabajo la puesta en marcha de acciones que defiendan a los consumidores ante condiciones desfavorables y se sancione al empresario que quiebre este lazo de transparencia y confianza necesario para el fortalecimiento de la Producción”.

Ferré destacó que “para esto, hemos optimizado nuestra política de transparencia, logrando una mayor eficiencia en los operativos en defensa de sus intereses. De tal manera, en los primeros nueve meses de 2010 el monto de multas aplicadas fue casi tres veces superior a todo el año 2009” y recordó que ante cualquier anomalía que detecte el consumidor podrá llamar la línea gratuita 0800-222-9042 para realizar su reclamo o consulta.

En efecto, en lo que va de 2010, la cartera productiva provincial aplicó multas por 5.856.750 pesos contra los 2.180.700 de pesos aplicados durante el año pasado.
Del total 5.162.750 de pesos corresponden a multas aplicadas por violación a la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, norma a partir de la cual se establecen controles de obligatoriedad de exhibición de precios, de control de diferencia de precios entre góndola y caja, del contenido neto de los productos y de publicidad engañosa. Por este concepto en todo el año pasado se habían aplicado sanciones por 1.806.500 pesos.

El resto, 694.000 pesos, correspondió a multas realizadas por violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor y de Talles. La primera de ellas regula los aspectos vinculados con la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la prestación de servicios para consumidores. El año pasado las multas aplicadas por este concepto habían ascendido a 374.200 pesos.

Las multas
En el caso de multas por no respetar la Ley de Lealtad Comercial y a la de Metrología Legal (encargada de verificar pesos y medidas), una vez aplicada es notificada al infractor, quién tiene un plazo de 10 días hábiles para abonarla o apelarla. Si es apelada interviene la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que puede confirmar la sanción totalmente, parcialmente o revocar la multa (por infracciones las Leyes de Defensa del Consumidor y Talles interviene el fuero Contencioso Administrativo). En caso que no se abone, procede la Fiscalía de Estado para su ejecución fiscal.