Ante la medida de fuerza sindical, la presidenta Cristina Fernández evitó referirse al tema y sus funcionarios mantuvieron silencio pese a la consulta de los medios.

Durante una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se limitó a señalar: “No voy a opinar sobre ese tema”.

Otros miembros del gobierno, que acompañaron a la jefa del Estado en su saludo a las comparsas que se realizó en el Patio de las Palmeras, de la Casa Rosada, se alejaron estratégicamente de la prensa para no formular declaraciones.

En cambio, la huelga dispuesta por el gremio de camioneros, que oficialmente lidera Pablo Moyano, uno de los hijos del líder de la CGT, fue cuestionada por los principales dirigentes opositores.

El vicepresidente Julio Cobos expresó que la medida de fuerza es “un despropósito que perjudica a la Argentina”.

“Todos debemos estar dispuestos a colaborar con la Justicia y dejar trabajar a la misma, porque existen mecanismos en el marco de la ley para la legítima defensa”, aseguró Cobos en un comunicado.

Por su parte, el diputado nacional por el Peronismo Federal Francisco de Narváez reclamó hoy a la Presidenta que le diga a Hugo Moyano que “acate” a la justicia y que frene el paro de Camioneros dispuesto para el lunes.
“Moyano se comporta como un matón”, señaló el legislador, precandidato a gobernador bonaerense.

En la misma línea, el diputado nacional Felipe Solá, del peronismo disidente, consideró que el paro programado para el lunes próximo “es una muestra más del poder sin control de Moyano” Por último, el senador Ernesto Sanz, uno de los precandidatos presidenciales de la UCR, señaló que el gobierno nacional “tiene que decidirse” entre “justicia o impunidad”.

“El Gobierno, que alimentó tanto a Hugo Moyano durante toda su gestión, tiene que decidirse: Justicia o impunidad”, dijo.

Un grupo de legisladores de la UCR, en tanto, anunció que presentará un proyecto de ley para declarar “el carácter de fondos públicos de los aportes de los trabajadores en todos los sindicatos del país, tanto los destinados a las obras sociales como los sindicales, para que estén sometidos al control de la Auditoría General de la Nación”.