“La mamá se presentó esta mañana en los tribunales de Concordia junto al padrastro de la nena y la abogada Susana Benítez y desistió del pedido de aborto no punible”, dijo Carolina Comaleras del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders).

En tanto, la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Entre Ríos denunció “que la madre de la niña fue intimidada, presionada, manipulada para que retire el pedido de la interrupción del embarazo”.

El comunicado de la organización consideró “evidente el abuso de poder por parte del juez (Raúl Tomaselli), también de los médicos que intervinieron con pericias médicas e informes sobre la supuesta viabilidad del embarazo en la niña”.

Comaleras recibió la confirmación de la decisión de la madre de la niña cuando salía de una reunión con el ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, quien ya había adelantado su opinión de que el embarazo de la niña era viable.

El ministro recibió por la mañana a la representante del Conders, a Mara Luján de “Mujeres Tramando”, a Alicia Genolet y a Nora Biaggio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La reunión convocada por Cettour fue para “ratificar el comunicado oficial que emitió este miércoles el gobierno provincial donde aclaraba que iba a respetar la decisión de la justicia”, explicó Comaleras.

Asimismo, Comaleras dijo que “le pedimos al ministro que se capacite al personal de salud sobre derechos sexuales y reproductivos, ya que el caso de esta nena nunca tendría que haber llegado a la justicia porque está encuadrado en el artículo 86 del Código Penal. Fue un médico el que mandó a la familia a hacer la denuncia”.

“Este caso tomó estado público, pero hay y hubo muchos más, donde las perjudicadas siempre son mujeres y niñas pobres”, enfatizó.

También las profesionales le solicitaron a Cettour “que se tengan en cuenta los aspectos correctivos, porque sino se siguen violando derechos”.

Comaleras calificó el encuentro con el ministro como “cordial” y contó que “le entregamos bibliografía y jurisprudencia relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo”.

En la misma línea, el interventor del Inadi, Pedro Mouratián, sostuvo que “tomando en cuenta la edad de la niña, y que el embarazo fue producto de un abuso sexual, el caso encuadraría en el artículo 86 del Código Penal de la Nación Argentina”.

“Se entiende que un embarazo de tales características pone en riesgo la salud psicofísica de la niña”, dijo y enfatizó que “el caso no debería haber llegado a la justicia y debería haberse realizado sin demora la interrupción del embarazo en el ámbito de los servicios de salud”.

En tanto el joven de 17 años acusado de violar a la pequeña es investigado por el fiscal de Garantías de Colón, Juan Malvasio.

Por ser menor de edad se encuentra a disposición del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Entre Ríos (COPNAF), informó a Télam, Daniel Cottonaro, director de Rehabilitación y Reparación de Derechos del organismo.

“Estamos esperando la decisión judicial para realizar la intervención necesaria ya que se trata de un menor de edad”, señaló.

También se conoció un pronunciamiento de la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién Nacido y Niño (ASUMEN) que integran sociedades médicas nacionales e internacionales.

“La falta de respuesta inmediata a la problemática de la niña embarazada y a la solicitud realizada por su madre es expresión de la inmadurez e hipocresía de ciertos sectores de la sociedad que anteponen intereses corporativos frente al derecho humano que le cabe a todo niño y niña a gozar de un nivel pleno de salud, independientemente de su condición socioeconómica”, enfatizó la organización médica.

La niña de 11 años es oriunda de General Campos, una localidad de 3.000 habitantes, desde donde su mamá y una tía la llevaron al Hospital de San Salvador donde los médicos determinaron que estaba embarazada.

Pese al requerimiento de la madre para que le realicen un aborto no punible a la niña, el director del Hospital de San Salvador, Juan Arletaz, le aconsejó que hiciera una denuncia policial y judicial.

Luego, la familia realizó una denuncia por abuso sexual contra un joven de 17 años, causa que se abrió en la ciudad de Colón.