La madre de Candela cree que el autor del crimen debe estar vinculado al entorno familiar

La madre de Candela Rodríguez, la niña de 11 años asesinada en agosto último en el partido bonaerense de Hurlingham, cree que “el autor del crimen debe estar dentro del entorno familiar”, según dijo su abogado, Fernando Burlando.

El letrado formuló estas declaraciones a la prensa al presentarse este mediodía en la fiscalía a cargo de Marcelo Tavolaro, quien lleva adelante la causa, y pidió que Carola Labrador, madre de la víctima, sea aceptada como particular damnificada en el expediente.

Para Burlando el objetivo es “aportar a la causa ideas que tiene la mamá de Candela para que la investigación siga adelante” y, en ese sentido, adelantó que van a “solicitar medidas de prueba”.

El letrado dijo a la prensa que “lo importante es dar con los autores reales de este crimen”, ya que “desde el principio esta investigación se tiñó de muchas dudas”.

“Nosotros entendemos que el autor de este crimen debe estar dentro del entorno familiar, es muy amplio, pueden ser aquellos que tengan algún tipo de actividad lícita o ilícita vinculados al papá, a algún familiar, vecinos, no tenemos que descartar ninguna hipótesis”, manifestó.

Consultado sobre si la madre de Candela conoce a alguno de los detenidos en el marco de la causa, Burlando dijo que no o que por lo menos no son conocidos directamente por ella.

Respecto de la denuncia de una ONG que investiga la Justicia Federal de Córdoba, según la cual Candela fue robada a una mujer de esa provincia a poco de nacer, el abogado señaló: “Negamos categóricamente esa posibilidad y si quieren hacer prueba de ADN, Carola está a disposición de la Justicia para realizarla”.

Por su parte, Matías Morla, abogado del carpintero detenido Néstor Altamirano, consideró esta mañana que un asesinato como el de la niña tuvo que tener “logística policial” aunque aclaró que en la causa no hay elementos que abonen esa hipótesis.

Este abogado manifestó que el expediente corre riesgo de caer si prospera la denuncia que él presentó la semana pasada ante el fiscal de Morón Matías Rapazzo contra el testigo de identidad reservada cuyos dichos llevaron a la detención de la mayoría de los actualmente imputados.

“Yo entiendo que sin el testimonio de identidad reservada de este sujeto, mentiroso, que quiso cobrar la recompensa, no se va a poder involucrar a nadie. Si no hay una prueba más que apoye una responsabilidad criminal no va a haber un sólo detenido por ese testigo, que está mintiendo”, expresó Morla.

El defensor agregó que, una vez que se incorporen a la causa algunas pruebas que restan concluir, va a requerir que al carpintero se le dicte la falta de mérito.

Sobre las tareas que se llevan adelante en la causa, Morla dijo que “no surgió nada” del análisis realizado el fin de semana a varios teléfonos de última generación, por lo que se enviarán a la División Análisis de Criminalidad Tecnológica para profundizar el estudio.

También indicó que hasta esta tarde no se había remitido al fiscal Tavolaro los resultados de cotejos de los ADN de los acusados pero aseguró que estarán listos en los próximos días.

Candela desapareció el 22 de agosto pasado, cuando salió de su casa de Villa Tesei, partido de Hurlingham, y tras nueve días de búsqueda fue encontrada asesinada a 35 cuadras de su casa, en esa misma localidad de la zona oeste del conurbano.

Además de Altamirano, por el crimen están detenidos Gladys Cabrera, la dueña de la casa de Villa Tesei donde se halló el ADN de Candela; el uruguayo Hugo Bermúdez; el albañil Alberto Espíndola; el fletero Guillermo López; el verdulero Fabián Gómez apresados en Hurlingham, ambos acusados como partícipes necesario en el crimen de Candela, pero quienes ya se declararon inocentes.

Todos están acusados de ser “partícipes necesarios” del crimen, excepto Bermúdez, a quien el fiscal Tavolaro imputó como “autor material” del homicidio.

Mientras que los torneros Alfredo Monteros y su hijo del mismo nombre, y el fletero Gustavo Valenzuela fueron detenidos y luego liberados ya que se les imputa el delito de “encubrimiento agravado”, que es excarcelable.

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