No obstante, aún persisten las diferencias respecto del financiamiento planteado para costear el servicio, así como la penalización a trabajadores en huelga que promueve el macrismo.

La jornada comenzó por la mañana con la notificación a los jefes de los bloques parlamentarios de la convocatoria para la sesión extraordinaria, que desarrollará a partir de las 11, según consignó a Télam el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo.

Posteriormente, al mediodía se reunieron en el salón Eva Perón Ritondo, el diputado del PRO Enzo Pagani y el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, con los metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Roberto Pianelli y Néstor Segovia.

“Hay posibilidades de encontrar puntos intermedios”, dijo Pianelli en declaraciones a la prensa luego de la reunión, que se repetirá mañana a las 17, aunque reiteró su rechazo a la propuesta del PRO porque “atenta contra los derechos a huelga que es un derecho humano”.

En tanto, el oficialismo porteño procuraba reactivar las conversaciones tendientes a sumar las adhesiones que le permitan alcanzar los 31 votos requeridos para poder conseguir el aval al proyecto de traspaso elaborado por el Ejecutivo, fuertemente cuestionado desde la oposición.

Según consignaron fuentes del macrismo, al PRO aún le estarían faltando “tres votos” para alcanzar la mayoría requerida para que la norma que regula los términos del traspaso de la red de subterráneos sea aprobada en el recinto.

De hecho, el oficialismo porteño cuenta con 26 votos propios a los que se sumarían el respaldo de los legisladores Juan Pablo Arenaza y de Adriana Montes, que conforman el bloque Bases para la Unión.

En tanto, la oposición centra sus críticas al proyecto, al que incluso tildan de “inconstitucional”, en varios aspectos centrales: el aumento que prevé en la tarifa de los peajes, el monto extra que prevé en el valor del litro de combustible, y el incremento que estipula en el valor de las patentes para vehículos de alta gama.

También, los bloques opositores cuestionan fuertemente que el proyecto procure declarar como “servicio público esencial” a los subtes y que amenace con denunciar penalmente a los trabajadores que decidan llevar adelante una huelga en ese medio de transporte.

El texto, compuesto por 80 artículos, establece que, “en caso de conflictos colectivos que deriven en huelga del personal o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo que afecte la prestación del servicio, se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos, los cuales no podrán ser inferiores al 90 por ciento de los servicios regulares en horas pico y al 60 por ciento de los servicios regulares en horas valle”.