La Justicia ordenó trasladar a los presos condenados de la Ciudad a cárceles federales
El fallo se dio en momentos de tensión entre la Ciudad y la Nación por la situación de los detenidos porteños.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23 ordenó que
los presos condenados que están alojados en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires sean trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El fallo hizo lugar a un habeas corpus que presentó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la situación de superpoblación de detenidos en las comisarías porteñas.
El juez Norberto Circo ordenó que los presos con condena que estén alojados en comisarías de la Ciudad sean trasladados a la brevedad al SPF.
La medida alcanza a unos 411 reclusos que actualmente están en dependencias porteñas. De ese número, 181 ya tienen sentencia firme, mientras que el resto tiene condena de primer instancia.
“Si bien toda persona que ingresa como detenido en el ámbito penitenciario/carcelario encuentra restringidos sus derechos en relación a aquellas que se hallan gozando de su libertad, ello no puede significar en ningún caso, la situación descrita en las presentes, bajo ningún propósito, la implementación de tratos o medidas que vulneren su dignidad, o importen tratos inhumanos o degradantes“, expresó la resolución judicial.
Actualmente, en 37 comisarías y 41 alcaidías de la Ciudad se encuentran alojados 2.455 personas, más del doble de las que esas instalaciones están preparadas para contener.
La situación de los presos porteños se convirtió en las últimas semanas en un foco de tensión entre el gobierno de la Ciudad y la Nación, con cruces por el destino de los detenidos. Además, se dieron varias situación de revueltas y escape de presos.
“Considero que existen fundamentos sólidos para abordar el presente caso como una acción colectiva, más allá de que cada detenido se encuentre bajo la jurisdicción de distintos magistrados. Asimismo, esta perspectiva permite garantizar una respuesta integral a la problemática planteada, asegurando la
protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó el juez.