El juez en lo comercial Pablo Tejada ordenó hoy la intervención judicial y administrativa de la empresa de correos privada OCA (Organización Coordinadora Argentina) al hacer lugar a un reclamo de la AFIP por una deuda concursal de varios millones de pesos y, según fuentes vinculadas al caso, este proceso se extenderá al menos hasta marzo de 2019.

El magistrado determinó que OCA, que estaba a cargo de Patricio Nicolás Farcuh, incurrió en ocultamiento de bienes y de información por lo cual desplazó al actual administrador de la empresa.

En su fallo, el juez Tejada precisó que decidió desplazar a la actual administración para “todo tipo de actos que impliquen la disposición de fondos y activos líquidos, con cualquier fin y/u origen”.

La decisión del magistrado se produjo a pocos días del vencimiento para que OCA regularice su deuda con la AFIP, organismo que advirtió que se evidenciaba el interés de colocar a la empresa “en una situación de vaciamiento deliberado durante la instancia concursal”.

Las fuentes apuntaron que Farcuh estaba procesado por el delito de retención indebida de tributos previsionales e impositivos y la justicia lo había embargado por unos 400 millones de pesos

Y, la AFIP lo denunció semanas atrás por el vaciamiento de su empresa, tras haber verificado numerosas maniobras de desvío de sumas millonarias de OCA entre 2016 y 2018 para fines ajenos a la compañía, añadieron los informantes.

Además, el juez Tejada advirtió que la empresa OCA fijó un domicilio social ficticio en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, a pesar de que la sede se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.

La compañía transitaba uno de los momentos más delicados de su sinuosa historia, de más de 60 años, en los que atravesó desde una estatización compulsiva, y la privatización en manos de empresarios de comportamientos irregulares, hasta el vínculo con sindicalistas ligados al poder político.

Acorralada por una deuda fiscal que superaría los $ 4.000 millones, causada por la retención ilegal de impuestos y aportes previsionales de miles de empleados, la empresa, que actualmente pertenece a Farcuh, fue intervenida luego de que la AFIP habló de su temor de que “continúe con un proceso de endeudamiento y vaciamiento”.

La empresa fue fundada en Córdoba en 1957 como empresa dedicada a servicios de correo postal y pasó a ser estatizada por el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, en 1974, y vuelta a privatizar años más tarde por la dictadura militar de Jorge Rafael Videla.

Años después, OCA comenzó a ganar espacio en el mercado de transporte de correos hasta absorber, según se estima, cerca de un tercio del sector.

Según fuentes vinculadas a la investigación, el juez basó su resolución al haber comprobado que la firma concursada ocultó bienes, omitió informaciones que el juez o el síndico le requerían, incurrió en falsedad y realizó actos en perjuicio evidente de los acreedores.

Ante ello, dispuso admitir el planteo de la AFIP y aplicó como medida cautelar la designación de un interventor administrador judicial de la empresa concursada, con tope en la fecha de vencimiento del período de exclusividad, en marzo del 2019.

En ese marco, desplazó a la actual administración de la empresa para “todo tipo de actos que impliquen la disposición de fondos y activos líquidos con cualquier fin u origen”, añadieron los informantes.