En la misma resolución, el magistrado dispuso la clausura preventiva de cuatro hogares de tránsito, “medida que deberá efectivizarse antes del día miércoles 5 de octubre”, a fin de que sean readecuados y salvaguardar a sus habitantes.

La decisión fue adoptada en el marco de una acción de amparo iniciada por un beneficiario del Programa de Rehabilitación del Hábitat del barrio de La Boca (PRHBLB) y la defensora del pueblo porteño, Alicia Pierini, en contra del gobierno de la Ciudad y su Instituto de la Vivienda de Ciudad (IVC).

La demanda fue iniciada para que la Ciudad “rehabilite íntegramente los inmuebles de dominio del Estado local afectados al PRHBLB y adjudique en venta las viviendas rehabilitadas a los beneficiarios con transferencia plena del dominio de las unidades”.

Pero en lo inmediato, los denunciantes solicitaron una medida cautelar que ordene al IVC “reacondicionar adecuadamente y con carácter de urgente los inmuebles de su propiedad -conventillos y hogares de tránsito- a fin de tornarlos seguros y habitables o, en su defecto, relocalizar transitoriamente a las familias en inmuebles seguros”.

Gallardo resaltó en su resolución las condiciones “de extrema precariedad” que viven los moradores de los conventillos de La Boca “que los coloca en una situación de vulnerabilidad lesiva de derechos elementales tutelados por la Constitución Nacional, local, y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”.

“A tenor de la importancia de la cuestión, la cantidad de familias involucradas, y teniendo presentes las responsabilidades jurídicas que el asunto conlleva, a la misma deberán comparecer con carácter de personal e indelegable” Macri, su jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta y el presidente del IVC, Omar Abboud.

También fue citada la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, entre otros funcionarios, bajo apercibimiento de aplicarles sanciones pecuniarias personales en caso de incomparencia.