La alimentación saludable, un derecho pendiente para las personas con discapacidad

Más de 1 millón y medio de personas en Argentina cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires propone reflexionar sobre el derecho a la alimentación saludable de este grupo poblacional.

Cuando se habla de “discapacidad” no debería pensarse en ningún tipo de disfuncionalidad en particular. El término es muy amplio y hace referencia a una serie extensa de condiciones, que pueden incluir compromisos físicos, mentales, intelectuales, auditivos, visuales, viscerales o incluso un conjunto de ellos.

 

Según el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, más de 1 millón y medio de personas en Argentina cuentan actualmente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el documento público que se les otorga a quienes tienen una deficiencia física, intelectual, motriz, psicosocial, visceral o sensorial de largo plazo que acredita dicha condición y mediante el cual acceden a la cobertura integral que prevé la ley.

 

Las personas con discapacidad pueden nacer con ellas o adquirirlas en algún momento de su vida por accidente o debido a alguna enfermedad pudiendo ser alteraciones transitorias o crónicas. Las repercusiones funcionales también son muy variadas pudiendo impactar en la motricidad, el lenguaje, el aprendizaje, entre muchas otras cosas, incluso la alimentación.

 

“En líneas generales las personas con discapacidad no tienen requerimientos nutricionales especiales en lo referido a energía o micronutrientes, pero si pueden necesitar ciertas adaptaciones en su alimentación en función a sus posibilidades”, explicó la licenciada en Nutrición (MP 3238), Clara Torreira, matriculada en Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.

 

“Cada vez son más las y los nutricionistas que se especializan en esta área y que acompañan a las familias ofreciendo herramientas de adecuación muy valiosas que impactan en el estado nutricional y en la calidad de vida”, señaló Torreira. Y agregó: “Debido a que las realidades pueden ser muy diversas, no podemos dar recomendaciones generalizadas porque en todos los casos el acompañamiento debe ser individualizado y ajustado a cada familia”.

 

No es lo mismo abordar bebés, niños, niñas o adolescentes, personas adultas o adultas mayores ya que cada uno de esos grupos etarios tienen sus características y necesidades nutricionales particulares.

 

La nutricionista destacó que “tenemos que tener en cuenta el tipo de discapacidad y cuáles son las potencialidades en cada caso. Las afectaciones pueden ser desde leves, requiriendo mínimas intervenciones como podría ser, por ejemplo, una adaptación transitoria en la consistencia de los alimentos en una persona mayor que tuvo un ACV, hasta situaciones más graves en las que la ingesta oral está contraindicada y requiera una modalidad de alimentación artificial permanente como puede ser el soporte nutricional enteral por sonda o botón gástrico en niños con encefalopatías crónicas”.

Una cuestión crucial en el abordaje de la discapacidad es el contexto social en el que vive cada familia. No es lo mismo tener cobertura de salud y terapias de rehabilitación, acceso a agua potable y alimentos, contar con un trabajo estable y tareas de cuidado repartidas, a no tener nada de eso. “En todos los casos en los que la discapacidad interfiera de alguna manera en la alimentación las y los nutricionistas podemos ofrecer alternativas para que los niños y niñas crezcan y se desarrollen como es esperado para su edad o que las personas adultas puedan mantener o recuperar su estado nutricional”.

 

En ese sentido, el rol de las y los nutricionistas en el equipo de salud es fundamental para lograr un abordaje integral de las personas con discapacidad, sin embargo actualmente estos profesionales no están incluidos dentro de las prestaciones que ofrece el Certificado Único de Discapacidad. Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerenses consideran que es algo a revisar y debatir. La alimentación es un derecho y la sociedad debe trabajar para garantizar que las personas con discapacidades puedan alimentarse de manera adecuada y saludable.

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