Con esta decisión se pone fin al último proceso contra el ya ex juez de la Audiencia Nacional, quien recientemente fue condenado por el mismo tribunal a 11 años de inhabilitación por autorizar escuchas telefónicas en prisión entre los principales implicados en el caso de corrupción Gürtel, ligado al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, y sus abogados.

En cumplimiento de esa sentencia, Garzón fue expulsado de la semana pasada de la carrera judicial y perdió su cargo, desde el cual se hizo mundialmente famoso por perseguir a violadores de derechos humanos, especialmente a los represores de Argentina y del resto del Cono Sur. No obstante, anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional español.

Hace quince días, el Supremo también archivó por prescripción la tercera causa abierta contra Garzón en relación con una financiación que recibió de grandes bancos y empresas españolas para dictar unos cursos en Nueva York.

La nueva sentencia del alto tribunal, adoptada por mayoría de seis votos contra uno, encuentra a Garzón inocente, pero también reafirma la doctrina contraria a la investigación judicial del capítulo más oscuro de la historia reciente de España.

“Es una vergüenza que el Tribunal Supremo cierre los ojos ante más de 160.000 víctimas. En el fondo, esta sentencia es un certificado de la impunidad”, dijo a Télam Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con representación en toda España.

Silva expresó su satisfacción por la absolución de Garzón pero lamentó que el Supremo “no le haya dado la razón” e insista en que “la justicia española no es competente” para investigar los crímenes del franquismo.

En su resolución de 63 páginas, a la que tuvo acceso Télam, el alto tribunal asegura que Garzón aplicó de forma “errónea” la ley, pero que esto no supone la comisión de un delito de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta.

Además, remarca que la actuación de Garzón fue “oportunamente corregida” por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se pronunció en contra de su competencia, por lo que no se produjo una “injusticia”, requisito para el prevaricato.

Sin embargo, el Supremo no le da la razón al magistrado en cuanto a su competencia para investigar, puesto que sostiene que su error inicial se produce cuando califica los hechos el 16 de octubre de 2008 y ordena la apertura de 19 fosas comunes.

En esa resolución, Garzón consideró que los crímenes de la guerra civil y el franquismo, que delimitó temporalmente entre 1936 a 1952, constituyen “delitos permanentes de detención ilegal, en el contexto o marco de crímenes contra la humanidad”.

Esa tipificación, según el tribunal, no es aplicable porque las leyes que permiten perseguir esos crímenes no estaban vigentes en España “al tiempo de la comisión de los hechos”. Y el Supremo va más lejos al afirmar que “el contexto” ni siquiera conformaba la legalidad penal internacional, en referencia a los principios de Nüremberg, citados por Garzón, vigentes en los Convenios de Viena de 1952.

Por otro lado, el Supremo hace una defensa férrea de la ley de Amnistía de 1977, que según la acusación había sido vulnerada por Garzón, al afirmar que “en ningún caso fue aprobada por los vencedores para ‘encubrir sus propios crímenes’, como en las dictaduras del Cono Sur, sino que es un instrumento de reconciliación.

Señala también que es una ley vigente y que, en todo caso, corresponde al Parlamento derogarla.

Pero al inicio de la sentencia, el tribunal expone su principal argumento para rechazar un proceso penal por los crímenes del franquismo al asegurar que la demanda legítima de los familiares de las víctimas de “tutela judicial” no puede ser atendida “en su integridad” por el sistema judicial español.

En ese sentido, se indica que en España solo es posible realizar una investigación penal cuando existe una persona física a la que atribuir la responsabilidad. En el caso de la guerra civil y el franquismo, el propio Garzón declaró extinguidas las responsabilidades penales del general Francisco Franco y otros represores porque ya estaban muertos.

De esta forma se excluye la posibilidad de los “denominados juicios de la verdad”, algo que puede tener lugar en otros países, como Argentina, a donde han recurrido las víctimas ante la imposibilidad de avanzar en la justicia española.

A pesar de ello, la sentencia apunta que “la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria, pero corresponde al Estado, a través de otros organismos, llevar a cabo esa tarea, en concurso, especialmente de historiadores, pero no de los jueces de instrucción”.

Finalmente, la resolución defiende que Garzón actuó para “otorgar tutela a las víctimas de unos delitos hoy calificados como delitos contra la humanidad, que se encontraban en situación objetiva de desigualdad respecto a otras víctimas de hechos sustancialmente similares y coetáneos en el tiempo de la guerra civil”.

La causa contra Garzón fue abierta por las organizaciones ultraderechista Manos Limpias y Libertad e Identidad, que pedían una condena de 20 años de inhabilitación.

Antes y durante el juicio, el abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, y el fiscal del caso, Luis Navajas, solicitaron conjuntamente la absolución del juez y el archivo de la causa.

El fiscal llegó a decir que “sería patético y ridículo que Argentina tenga a una juez dedicada a investigar a los crímenes del franquismo y aquí se esté juzgado al juez que quiso hacerlo”.

Durante el juicio contra Garzón, los familiares de las víctimas del franquismo tuvieron la oportunidad, por primera vez en la historia, de relatar ante un tribunal español los horrores de la represión franquista. También dieron muchísimas muestras de apoyo a Garzón con manifestaciones a la puertas del tribunal Supremo, al que calificaron de “fascista” y de ser una “vergüenza” para España.

“A ninguna de las víctimas de la dictadura le regalaron justicia, en todos lados fue difícil. Por eso, nosotros seguiremos luchando y apelando a todas las instancias. Estamos presentes en una querella en Argentina y vamos a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”, remarcó Silva, nieto del primer exhumando de una fosa común en España.