La decisión del tribunal de apelaciones abarcó además a su esposa y ex administradora del Policlínico Bancario, Paula Avallay, a su colaboradora Susana Fionna y al titular de droguería San Javier, Néstor Lorenzo.

Los beneficiados, que estaban detenidos desde noviembre del 2009, recuperarían la libertad recién mañana, luego de que presenten al juzgado las cauciones reales que fijó el juez a cargo de la causa, Norberto Oyarbide, para efectivizar la medida.

A Zanola y Lorenzo, ambos imputados como jefes de sendas asociaciones ilícitas, les fijó fianzas de 700.000 pesos a cada uno (unos 160.000 dólares), en tanto para Avallay y Fionna la caución fue de 300.000 pesos.

A un quinto beneficiado, Ibar Pérez Corradi, que aguarda ser extraditado a Estados Unidos, donde se lo requiere por tráfico de sustancias ilegales, le fijó una caución por 100.000 pesos.

El tribunal de apelaciones volvió a criticar en sus resoluciones la investigación de Oyarbide, al entender que las demoras del caso se deben a “deficiencias” investigativas atribuidas a su responsabilidad y no a la complejidad de los delitos.

En razón de ello, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah no justificaron mantener detenidos a los acusados otro año, como había pedido el juez en noviembre pasado, al cumplirse dos años de la causa.

Los liberados, al igual que otra treintena de procesados y ya liberados por la Cámara, llegarán en esa condición al futuro juicio oral, mientras Oyarbide continúa con la instrucción abierta, sin enviar el caso a juicio.

El juez de instrucción había aludido a peligro de fuga, de entorpecimiento de la causa y supuestas amenazas a testigos por parte de Zanola y su entorno, pero la Cámara deshechó estos argumentos.

“Sin desconocer la gravedad de las imputaciones que enfrenta Zanola, es preciso adoptar una decisión que compatibilice la necesidad de asegurar la sujeción futura del nombrado al proceso en vistas a una efectiva aplicación de la ley penal”, consideraron los camaristas.

Para el tribunal, los argumentos para mantener las detenciones “apuntan en dirección a la actividad procesal pasada”, y advirtió que las “demoras” surgieron por la “deficiente técnica investigativa seguida “en el caso y no por “la propia naturaleza de los hechos investigados”.

Oyarbide habría incurrido, según sus superiores, en “una desmedida preocupación por abarcar un sinfín de eventos no necesariamente conexos ni contemporáneos”, lo cual “llevó a una inevitable falta de profundización de aquellos otros aspectos que, en lo que aquí respecta, merecían prioritaria atención”.

Y recordó que “en múltiples oportunidades se indicaron aquellas medidas concretas que con celeridad correspondería realizar”.

“Las referencias efectuadas en orden al estado y actividad procesal a la fecha no habilitan ya la prórroga de la preventiva”, continuaron los jueces.

Para prorrogar la detención con prisión preventiva más allá de los dos años, “no sólo debe verificarse la concurrencia de riesgos procesales sino que también debe demostrarse por qué, en una investigación en la que la detención ya ha superado el plazo aludido, su continuidad es inevitable para garantizar su finalidad”.

Zanola fue detenido el 30 de noviembre de 2009 y Oyarbide lo procesó como supuesto jefe de una “asociación ilícita” que integrarían su mujer, empleados de la obra social bancaria y droguerías, dedicada a estafar con medicamentos de alta complejidad.

Entre las maniobras detectadas está la provisión de remedios para el cáncer adulterados, vencidos y defraudación al Estado con cobro de reintegros por medicamentos nunca suministrados a los pacientes y que se justificaban con troqueles falsos.

En cuanto a Lorenzo, se lo procesó como titular de otra “asociacion ilícita” que operaba desde su droguería San Javier en el suministro de remedios adulterados a obras sociales sindicales.