Gustavo Ferrari, próxima a Francisco de Narváez salió a retrucar a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien dijo que “si ser garantista es respetar la Constitución, entonces todos debemos serlo” y manifestó que en realidad “el mejor garantismo es el que garantiza la vida”.

El diputado Alfredo Atanasof pidió que la Cámara Diputados “trate la ley de Reforma Penal Juvenil de manera urgente” y recordó que el proyecto aprobado en 2009 en Senado contempla “la baja de la edad en la imputabilidad a los 14 años, como ocurre en Europa”.

Ferrari manifestó que “la creciente cantidad de menores involucrados en delitos cada vez más graves y violentos, torna urgente el impulso de un régimen especial para menores que prevea la baja de edad de punibilidad a los 14 años”.

Afirmó que la iniciativa surge de la aplicación “del criterio de que aquel que es “capaz” de empuñar un arma también debe de serlo al momento de asumir la responsabilidad de sus actos”, al tiempo que reclamó normas que establezcan “un sistema de contención, recuperación y reinserción de los jóvenes al tejido social”.

“De nada sirve bajar la edad, si no se invierte en institutos y centros de asistencia e internación, tal como ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde se pretende responder a un promedio de 30.000 causas al año que involucran a menores con sólo 850 plazas fijas para alojar a quienes son detenidos”.

En este sentido el legislador denarvaísta agregó que “no puede afrontarse el problema con -por ejemplo- cuatro juzgados de menores para La Matanza (1.700.000 habitantes) o tres para el departamento judicial de Quilmes (1.200.000 habitantes).

A su vez, Atanasof coincidió con su par en el reclamo de un pronto debate en el cámara baja y sostuvo que la iniciativa “duerme desde hace un año en la Cámara de Diputados, entre otras causas, por el freno que los diputados del FPV le pusieron, después de haber llegado a consensos razonables para su tratamiento”.

El ex jefe de gabinete de Eduardo Duhalde manifestó que “nuevamente debió ocurrir un crimen sin sentido en manos de un menor, con fuerte repercusión en la opinión pública, para que tanto una parte del Gobierno Nacional como su homónimo provincial coloquen al tope de la agenda la necesidad de la sanción de una “ley marco” para tratar la problemática”.

“Pareciera que no se ponen de acuerdo el gobierno nacional y el provincial y hacen de este tema un capítulo más de su particular ‘interna política’, pero mientras tanto la gente continúa muriendo”, manifestó.