La empresa concesionaria del servicio de energía Eléctrica EDESUR, informó a sus clientes la firma de un acta acuerdo con la Municipalidad de Avellaneda, para cobrar en las facturas de energía eléctrica domiciliaria, 13 pesos en concepto de Tasa de Alumbrado Público.

El convenio suscripto por EDESUR (que lógicamente cobrará un canon a la comuna por realizar la cobranza de la tasa municipal) fue aprobado el pasado 13 de agosto por el Concejo Deliberante, a través de la sanción de la ordenanza Nº 22568, votada por los bloques de concejales del Partido Justicialista-Frente para la Victoria y el PRO; y rechazada por los bloques Celeste y Blanco y el Acuerdo Cívico y Social.

Tal como establece la ordenanza aprobada en sus considerandos, «el acta tiene por objeto optimizar el sistema de recaudación de la tasa Municipal por Alumbrado Público, como manera de lograr y mejorar una satisfactoria prestación de bienes y servicios orientada a la comunidad de Avellaneda».

En rigor, la supuesta optimización del sistema significa que, al estar incluido el alumbrado público en la factura de la luz, el contribuyente se ve obligado a pagarlo en fecha, porque de lo contrario la empresa le corta el servicio.

En primer lugar, llama la atención que la ordenanza aprobada mencione la existencia de una «tasa Municipal por Alumbrado Público», cuando desde hace varios años todos las prestaciones de la comuna fueron unificadas bajo la denominación «Tasa por Servicios Generales» que reemplazó a la anterior: Alumbrado Barrido y Limpieza.

El cambio se justificó en esa oportunidad argumentando que las prestaciones de la comuna no se agotan en el servicio de alumbrado público, barrido de calles y limpieza de la ciudad, sino que el criterio actual entiende que la tasa municipal (TSG) es el aporte de los vecinos para sostener toda la estructura de servicios que brinda la comuna. En consecuencia, resulta cuanto menos contradictorio separar ahora la tasa de alumbrado del resto de los servicios.

Pero lo más increíble son los polémicos antecedentes políticos que este tema tiene en nuestra ciudad. En enero del año 2002, el entonces intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, firmó un convenio igual, que fue denunciado como la privatización de la cobranza del alumbrado público con la empresa EDESUR. El objetivo era el mismo que ahora: aumentar la recaudación de un modo coercitivo.

El entonces Defensor del Pueblo de Avellaneda, Tomás Dadic, fue el primero en denunciar el convenio firmado y convocó a las instituciones locales a oponerse a la medida.

El bloque de concejales del Partido Justicialista de Avellaneda – con varios integrantes que actualmente siguen en funciones – también expresó su absoluto rechazo a la iniciativa y promovió la sanción de la ordenanza 16.205 – finalmente aprobada por la mayoría del cuerpo – que dejó sin efecto el convenio firmado por el intendente Laborde.

La sanción de esta ordenanza motivó un feroz conflicto de poderes entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo. El intendente Laborde mantuvo su decisión de seguir adelante con el convenio y por ese motivo fue denunciado penalmente por el entonces subsecretario de Salud provincial, Oscar Fariña, por la supuesta comisión del delito de «abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público».

Asimismo, el concejal justicialista Guillermo Valcarce intimó judicialmente a la empresa EDESUR por desconocer lo actuado por el Concejo.

Casi 25 mil vecinos hicieron horas de colas frente a la sede de EDESUR de Avenida Mitre, para ser excluidos del cobro de la tasa municipal a través de la factura de la luz.

Ahora la historia vuelve a repetirse. Según informó la empresa, los vecinos que no quieran que la tasa de alumbrado público les sea cobrada a través de su factura de consumo de energía eléctrica domiciliaria, tendrán 15 días para realizar el trámite de exclusión ante las oficinas de EDESUR. Increíble, pero real.