El Gobierno pidió al Congreso tratar el proyecto de que restringe la compra de tierras por extranjeros

La Presidenta pidió a «todas» las fuerzas políticas apurar en el Congreso nacional el tratamiento del proyecto de ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros, proyecto que consideró «central para los tiempos que vienen».

«Es un punto muy importante demostrar a la sociedad, a los sectores productivos y al mundo, la idea que las fuerzas políticas tenemos sobre un recurso estratégico y vital como es la tierra», expresó la Presidenta.

La iniciativa limita a un «20 por ciento la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles» y a un máximo de 1.000 hectáreas por persona física o jurídica.

En su discurso, Cristina Fernández definió como un «peligro» que Argentina «sufra un desapoderamiento de recursos estratégicos no renovables».

La propuesta está inspirada en la ley vigente en Brasil y toma también puntos de normativas establecidas en la materia en Estados Unidos, Francia, Canadá, España y el Reino Unido.

En junio pasado, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, exhortó a considerar la tierra «no como una inversión, sino como un recurso estratégico no renovable» y marcó la necesidad de dar celeridad en el Congreso al tratamiento del proyecto.

«Con esta propuesta se trata de darle a la tierra un tratamiento distinto al de la inversión, porque se trata de un recurso estratégico no renovable y hay que proteger la titularidad de los argentinos sobre ese recurso», afirmó el ministro.

Domínguez asistió en junio a la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, invitado por la titular de ese cuerpo, Vilma Ibarra, para informar sobre los aspectos técnicos del proyecto de ley remitido en abril al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El ministro de Agricultura señaló que -según datos de su ministerio- hay aproximadamente 7 millones de hectáreas en manos de extranjeros en Argentina, sin descartar que esa cifra sea incluso superior debido a que «no existe un registro único» en el país.

En este marco, Domínguez planteó la necesidad de hacer «un riguroso registro» sobre la cantidad real de superficie que está en manos extranjeras para «no incurrir en la afectación de derechos adquiridos», algo en lo que, dijo, la Presidenta hizo especial hincapié.

Si bien estaba previsto inicialmente que el proyecto fuera discutido en un plenario parlamentario en el que también iban a participar las comisiones de Agricultura y Ganadería y Asuntos Constitucionales -presididas respectivamente por Juan Casañas (UCR) y Graciela Camaño (duhaldista)-, finalmente desistieron de convocar a reunión, por lo que sólo fue debatido por los miembros de Legislación General.

Por eso y para agilizar el tratamiento a futuro, Legislación Penal pidió que las 14 iniciativas en estudio tengan un giro unificado a Agricultura y Ganadería, y Asuntos Constitucionales, y así se pueda avanzar en un plenario, que por ahora no tiene fecha.

«Se trata de un debate iniciado el año pasado en reuniones de las tres comisiones, porque involucra problemas de soberanía, de seguridad de fronteras y de recursos naturales», declaró en su página web Vilma Ibarra.

Allegados a la diputada adelantaron que Ibarra insistirá con convocar a un plenario a fin de este mes y advirtieron que el éxito de esa reunión conjunta dependerá de la «voluntad» de las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales, que hasta el momento se mostraron «reticentes» a debatir.

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