Según informó el jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la reunión que mantuvieron ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, con el titular de Diputados, Eduardo Fellner, y los presidentes de los bloques oficialistas del Senado, Miguel Pichetto y de diputados, Agustín Rossi, y el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se “unificaron criterios” en torno a “cumplir con los plazos” para que la ley sea sancionada durante el mes de mayo.

“Es indispensable que sea sancionada positivamente, atento a que la Argentina está siendo examinada como todos los países del mundo para ver si moderniza su legislación”, afirmó el ministro Alak en la Sala de Conferencias de Casa de Gobierno.

El titular de Justicia señaló que la ley debe ser sancionada “para que la Argentina no sea incluida en un listado de países no cooperantes”.

Alak recordó que la Argentina integra la conducción del grupo GAFI, junto a 35 países, y que por las trasnformaciones y nuevas formas de delito “tiene que adecuarse, identificar y condenar las nuevas acciones que se penan en el mundo”.

En ese marco, dijo que el Estado argentino “debe fortalecer la estructura para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo” y que en esa línea fue elaborado el proyecto de ley enviado en junio pasado al Congreso, tal como lo recomendara la GAFI.

“Ratificamos una posición unívoca del oficialismo y necesitamos que la oposición acompañe con su voto y decisión, porque quien va a ser condenado si no sancionamos esta ley no es el Poder Ejecutivo, sino el Estado Argentino y por lo tanto es responsabilidad de los tres poderes”, argumentó el titular de Justicia.

También apeló a la acción del Poder Judicial y reveló que la Unidad de Información Financiera elaboró 10.300 reportes de operaciones sospechosas y que “sólo se obtuvo una condena a una miniempresa familiar”, por lo que señaló que eso conforma “una asignatura pendiente”.