El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, será la autoridad de aplicación de la norma, cuyo objetivo consiste en la obligatoriedad de implementación de buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad, en consonancia con los principios de progresividad y de no regresión. Las mismas alcanzan la gestión eficiente de la energía eléctrica; el agua; el gas natural; los residuos; las compras públicas; la accesibilidad; la movilidad sostenible y las superficies y espacios verdes.

La ejecución de la iniciativa será progresiva y se ofrecerá una guía para su implementación. Se espera que en un periodo de dos años los edificios cumplan con las primeras acciones básicas de sostenibilidad, como la instalación de bicicleteros, la separación de residuos en origen y la compra de electrodomésticos eficientes, entre otras medidas. En tanto, en el plazo de 6 años, se llevarán a cabo prácticas más integrales como la instalación de paneles y de cubiertas vegetales y la adquisición de vehículos híbridos.

De acuerdo al grado de compromiso que se desarrolle en cada edificio se otorgarán dos distintivos, el de “organismo público comprometido con la sostenibilidad”, para aquellos que hayan aplicado las prácticas básicas; y el de “organismo público sostenible”, para aquellos quienes hayan aplicado las prácticas más complejas.

En cuanto al programa de implementación, el Ministerio de Ambiente asistirá a los organismos públicos nacionales a través de puntos focales, con el objetivo de brindar asesoramiento técnico y financiamiento.