La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió volver a citar al ex director de la Obra Social de la Justicia Aldo Tonón, debido a que pidió ser eximido pues tiene una causa judicial, y resolvió pedir a los tribunales que obligue a prestar testimonio al abogado Marcelo Mazzeo, quien se niega a declarar ante ese organismo parlamentario.

La decisión se adoptó en una jornada de la comisión que investiga si los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti, incurrieron en “mal desempeño de sus funciones” y “posible comisión de delito”. El organismo parlamentario comenzó a deliberar poco después de las 13 para avanzar en la investigación sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial, como parte del juicio político que se sigue a la Corte Suprema.

Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión Carolina Gaillard (FDT) informó que Aldo Toñon, exdirector de la obra social, hombre de confianza del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, envió una carta a ese cuerpo deliberativo argumentando que no declarará en la comisión debido a que tiene causas en la justicia.

En esa carta, Tonón dijo que su testimonio ante los diputados “podría vulnerar y violar la garantía en el texto del articulo 18 de la Constitución Nacional” y por ese motivo pidió que se lo “exima de declarar”.

Gaillard propuso volver a citarlo porque “tiene la carga pública” y debe “concurrir a declarar en la comisión” y dijo que si hay preguntas que no puede responder “sucederá lo mismo que en el caso de German Garavano”, que no contestó parte del cuestionario.

Tras esa propuesta de Gaillard se votó una nueva convocatoria a Toñon con el respaldo del Frente de Todos y la legisladora de la Coalición Cívica Paula Olivetto.

Además, la comisión aprobó pedir a la justicia que convoque por la fuerza pública al abogado Mazzeo, quien se ausentó en dos oportunidades e informó hace un mes por Twitter que no iba a concurrir a ese organismo parlamentario. En esa ocasión, el letrado dijo que “también voy a dejar en claro que NO me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina”.

La nueva reunión de la comisión de Juicio Político se realiza tras haber debatido la semana pasado la causa del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad.

El legislador Rodolfo Tailhade pidió nuevos testimonios relacionados con el caso de las denuncias de irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial, y pidió documentación a la Corte Suprema referido a esa obra social.

Su pedido fue aprobado por los diputados kirchneristas para que concurran a prestar testimonio los auditores externos Nicolás Jacinto Serafini, Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, la subsecretaria administrativa de la vocalía de Maqueda, María Betina Bonuccelli y el director general de Sistemas de la Corte Suprema, Andrés Sacchi,

Además se avaló que por el fallo del 2×1 de la Corte que favoreció a un represor de la dictadura se convoque al extitular de la Procuradoría de Lesa Humanidad Jorge Auat y al secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri, Claudio Avruj. La nueva reunión de la comisión de Juicio Político se realiza tras haber debatido la semana pasada la causa del 2×1. El primer testimonio fue brindado por la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi, quien afirmó que hay “una limitación de los sistemas es que no se encuentran informatizadas en la obra social las autorizaciones de medicamentos que corresponde a cada afiliado y al no estarlo siempre es una dificultad”. La mayoría de las preguntas fue realizada por la legisladora del FDT y sindicalista Vanesa Siley y por el legislador Tailhade.

Interlandi dijo que “ingresó por concurso abierto en julio en 2008” y aseguró “desconocer quien la habia propuesto para ese cargo”, al tiempo que señaló que “jamás se reunió” con el presidente de la Corte Rosatti o su colaborador Silvio Robles. La médica legista dijo que “no le dieron directivas sobre la tarea que debía realizar la Auditoria”. En tanto, Oscar Fernández, contador y perito de la auditoría de la obra social judicial, dijo que “el presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino que se tiene que transitar y permite observar los desvíos entre la realidad y las expectativas; en el caso de la obra social, vimos que no contaba con uno”. La Ospjn presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema.