Capitanich diferenció el caso de la estadounidense Donnelley, en el que la empresa no ha mostrado voluntad conciliatoria, y el de la fábrica de autopartes Lear Argentina, cuya intención es seguir su actividad e, incluso, acrecentarla.

“La empresa Donnelley ha tenido la particularidad de haber tomado una decisión unilateral de cierre ungida por su casa matriz, en Estados Unidos. Consideramos que es una decisión por lo menos rara, unilateral e intempestiva. Esto es una decisión de carácter político y no empresarial”, afirmó Capitanich en su habitual conferencia de prensa Casa de Gobierno.

Capitanich mencionó el encuentro que ayer mantuvieron en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires el sindicato y la empresa, donde se propició la declaración de la conciliación obligatoria por quince días, para evitar que 400 trabajadores pierdan sus fuentes de trabajo.

“La decisión de Donnelley de cerrar sus puertas “llama la atención por ser unilateral, inconsulta, intempestiva y arbitraria” Recordó que ya hubo una oferta de conciliación voluntaria, que fue acatada por los trabajadores y no por la empresa, y otra para conciliación de intereses, que “fue soslayada”, y señaló que por ese motivo la conciliación ahora será “obligatoria”.

Capitanich dijo que la decisión de Donnelley de cerrar sus puertas “llama la atención por ser unilateral, inconsulta, intempestiva y arbitraria”, y no se condice con el “cumplimiento regular de sus obligaciones previsionales e impositivas” que ha tenido la empresa y que muestra que “no ha tenido dificultad para realizar en forma normal su actividad”.

También señaló que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se cooperará con la cartera provincial para que la empresa “pueda llevar adelante sus actividades y garantizar la continuidad de los 400 puestos de trabajo”.

En el caso de Lear, dijo que “es voluntad de la empresa continuar su actividad en el país e, incluso, incrementarla. Tiene tres plantas y no es un problena de mercado”, precisó Capitanich.

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Sobre la autopartista agregó que en esa empresa “ha caído el crecimiento y la productividad por conflictos internos que tienen que ver con problemas de índole ideológica y política”, y sostuvo que “el rol y la función del sindicato Smata es garantizar las fuentes de trabajo y el salario digno”, y que “ningún partido político puede obstaculizar el trabajo de la gente”.

Capitanich reiteró que es obligación del gobierno nacional “garantizar la libre circulación de los argentinos, el derecho a la protesta, y el de los trabajadores a trabajar, además de generar condiciones para que las empresas inviertan”.

“No seamos ingenuos, cuando alguien pretende destruir trabajo, trabajadores y empresas, lo que hace es favorecer a otras empresas o sectores empresariales”, dijo.

Finalmente, señaló que desde el gobierno nacional observan “con mucha preocupación que estos grupos no son sólo idiotas útiles de grupos concentrados y otras empresas, sino que están actuando para destruir el empleo argentino”.