El letrado Fernando Burlando se presentó en los Tribunales de Morón para completar la documentación requerida por la Justicia para ser aceptado como representante de Carola Labrador en carácter de particular damnificado en la causa.

El abogado y la madre de Candela estuvieron en el despacho del juez de Garantías Alfredo Meade y se retiraron del lugar alrededor de las 17.

“Carola tuvo una entrevista más de carácter personal que vinculada a la investigación”, señaló a la prensa Burlando, mientras la madre de Candela se retiraba del edificio judicial por otro lado y se subía a un auto particular.

El letrado estimó que “en el día de mañana” serán aceptados como “particular damnificado” por el juez de la causa.

Respecto de que en los cruces telefónicos surjan números de policías, Burlando dijo: “Es un tema que no descartamos y que, obviamente, hay que investigarlo a fondo”.

“Lo más importante va a surgir de los cruces telefónicos. No tengan duda de que ahí va a estar la clave. Y a ver si de alguna manera la población carcelaria se digna a dar una mano como en otras oportunidades la ha dado y brinde información respecto de los autores”, sostuvo el letrado.

Para Burlando existe “una cuestión códigos entre la gente de la población carcelaria que, normalmente, cuando tocaban a un familiar, hija, madre, o quien sea, inmediatamente surgían datos y le facilitaban todo a los fiscales, a los jueces y a la policía”.

“En lo personal creo que la población carcelaria puede aportar datos importantes a la investigación y es lo que estoy pidiendo”, sostuvo y agregó: “Tienen que solidarizarse con una persona que también está pasando la misma situación que ellos”.

“Aparte, acá está la cuestión de códigos carcelarios que, evidentemente, están desapareciendo. Es un llamado de atención para la población carcelaria”, añadió.

Burlando volvió a negar la posibilidad de que Candela hay sido robada a poco de nacer y no sea hija biológica de Carola, tal como lo investiga la Justicia Federal de Córdoba a partir de la denuncia de una ONG, y que su representada está dispuesta a hacerse los estudios de ADN.

El letrado volvió a referirse también a la posibilidad de que los asesinos pertenezcan al “entorno familiar” de la víctima al que describió como “muy amplio, como amigos, vecinos, vinculaciones comerciales, de lo que sea”.

“Debe existir algún tipo de vínculo con alguien (del entorno), el homicidio y los que están detenidos”, indicó.

El abogado destacó la importancia de que la pesquisa avance en la determinación del móvil del crimen porque “si tenemos a los asesinos y a la criaturita que asesinaron pero no sabemos los motivos y los por qué, algo falta”.

Consultado de que los delincuentes que la privaron de la libertad a la niña tenía la intención desde un principio de asesinar a su víctima, Burlando dijo creer que no porque “evidentemente se sintieron acorralados”.

“Si se demoran siete días para tomar una determinación como esa, también tuvo que ver con esta situación de saturación, que significa todo el ejercicio de información que se le brinda indirectamente a los delincuentes para que sepan que están detrás de ellos y que van a ir los policías y los investigadores a determinadas zonas”, opinó.

Por último, Burlando dijo no tener “dudas” de que se trata de “una investigación que se va a esclarecer por completo”.

Candela desapareció el 22 de agosto, cuando salió de su casa de Villa Tesei, partido de Hurlingham, y tras nueve días de búsqueda fue encontrada asesinada a 35 cuadras de su casa, en esa misma localidad de la zona oeste del conurbano.

Por el crimen están detenidos Gladys Cabrera, dueña de la casa de Villa Tesei donde se halló el ADN de Candela; el carpintero Néstor Altamirano; el uruguayo Hugo Bermúdez; el albañil Alberto Espíndola; el fletero Guillermo López y el verdulero Fabián Gómez.

Todos están acusados de ser “partícipes necesarios” del crimen, excepto Bermúdez, a quien el fiscal de la causa Marcelo Tavolaro imputó como “autor material” del homicidio.

Mientras, los torneros Alfredo Monteros y su hijo del mismo nombre, y el fletero Gustavo Valenzuela fueron detenidos y luego liberados ya que se les imputa el delito de “encubrimiento agravado”, que es excarcelable.