Economía y Seguridad, las prioridades del primer año de Milei y las promesas de la “deep motosierra” para 2025
A pocos días del cierre de 2024, el Presidente hizo públicos sus deseos de profundizar los recortes y las desregulaciones. Las cuentas pendientes y la importancia de la Elección Legislativa.
Pasado el primer año de gestión, el presidente Javier Milei y su equipo celebran haber implementado cambios de orden político, económico y social, y se preparan para avanzar en las reformas pendientes, si logran consolidar una mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de 2025 que garantice independencia en el Congreso.
Tras el desembarco del primer economista en la historia en alcanzar la presidencia, en Casa Rosada enumeran las principales transformaciones que iniciaron el pasado 10 de diciembre:
- El ordenamiento de la macro, la principal obsesión del mandatario que asegura haber terminado con el déficit fiscal y “pulverizado” la inflación con la colaboración del titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo;
- De orden y seguridad, de la mano de sus ministras estrella Patricia Bullrich (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano);
- El achicamiento del Estado, que inició con la eliminación de 10 ministerios, y que se profundizó con las numerosas desregulaciones anunciadas por Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
“Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad y no hemos perdido ni un ápice de apoyo social”, se jacta una y otra vez Milei en lo que define a su primera etapa de gestión.
Casi a cierre de año, el mandatario celebra que desde hace un largo período de tiempo que la inflación no acumulaba meses debajo del 3%, y se vanagloria del respaldo de los mercados que se traduce en un dólar estable y la casi nula brecha cambiaria.
En la bitácora de gestión que resumen los primeros 365 días, relucen los números que enorgullecen al libertario: “La inflación pasó de 25,5% a 2,4% en un año, la mayorista bajó del 54% al 1,2%”; “hasta octubre, el superávit fiscal acumuló 0,5% del PBI; y “la brecha cambiaria: superaba el 170% y había 18 tipos de cambio diferentes. Hoy es casi inexistente”.
En paralelo, y sin sentir las mejoras que repiten en el Poder Ejecutivo, los gremios, en especial los del sector estatal, reclaman salarios por encima de la inflación y recuperar lo perdido en 2024.
La tónica de las medidas adoptadas durante el primer año para alcanzar el tan ansiado orden supuso una recesión que produjo una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,4% en el primer trimestre, según el INDEC. Esto implicó que más de la mitad de la población no alcance a cubrir sus necesidades básicas, y que el 7 de cada 10 niños sean pobres.
Ante este escenario, el Gobierno dio lugar a una excepción en su mantra “no hay plata” y habilitó a la ministra de Capital Humano a disponer de “la billetera abierta” para paliar la realidad de los sectores más afectados por el ajuste.
Tras el último dato de pobreza publicado mitad del año, que fue de 52,9%, y pese a las proyecciones de baja, la administración libertaria tomó la decisión de reforzar a partir de octubre el alcance de la Prestación Alimentar, y focalizarla en el segmento de adolescentes que va de 14 a 17 años de familias de estado de vulnerabilidad.
Sin las organizaciones sociales como mediadores, Capital Humano apuesta a articular con los barrios en primera persona, y asistir de manera directa a quienes lo necesitan.
Luego de avanzar en el “sinceramiento de precios”, en noviembre el jefe de Estado anunció el fin de la recesión y prometió que de ese tiempo en adelante “todo lo que queda es crecimiento y buenas noticias”.
La segunda gran obsesión de Milei, que relega en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los debates políticos y la ingeniería electoral, estuvo centrada en “la recuperación del orden en las calles”.
Para eso, instruyó a Patricia Bullrich a que desarticule las protestas piqueteras y priorice a las Fuerzas de Seguridad. Bajo esa premisa, la ministra implementó el Protocolo Antipiquetes, que regula el tránsito en el marco de las movilizaciones, y habilitó la línea 134 que recopila denuncias a dirigentes sociales que utilicen la extorsión como método de convocatoria a protestas.
Con los nuevos instrumentos, la funcionaria logró que, en ocho meses, las movilizaciones con cortes totales de calles sean escasas.
Además, concertó su tarea en alcanzar una “baja de homicidios del 10,6% en el primer trimestre”, y la reducción al 63% en Rosario, asechado por las bandas narcos, con la implementación del Plan Bandera.
Como tercer eje de los primeros pasos en el plan de Gobierno, la administración libertaria avanzó en la concreción de algunas promesas de desregulación y como hito de esta premisa destacan la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, y la implementación del DNU 70/2023.
Cuando faltan algunos días para el cambio de año, el Poder Ejecutivo dio lugar a la eliminación del Impuesto País que se suma al articulado del polémico DNU “para eliminar restricciones a las libertades individuales y comerciales”.
Entre los anuncios que se anota Sturzenegger destacan la reglamentación del marco regulatorio de la Medicina Privada y Obras Sociales y la desregulación de los servicios de oferta libre de transporte público de pasajeros en el AMBA.
Por su parte, Caputo modificó el esquema subsidios y tarifas en el transporte público y en los servicios, y firmó con las provincias la transferencia de obras públicas prioritarias, paralizadas desde el inicio de la gestión.
Los objetivos para el 2025
A pocos días del cierre del 2024, Milei hizo públicos sus deseos de profundizar los recortes y las desregulaciones en lo que definió como “la deep motosierra”. “En 2025, la motosierra será más profunda. En una primera etapa hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas. No hay solo una cuestión de desregular y quitar estas trabas sino que además implica una nueva reforma del Estado para achicarlo más todavía”, puntualizó.
Con una primera muestra completa, el Presidente prometió continuar quitando regulaciones y “avanzar cada vez más en la libertad económica”, que según se atribuye, escaló 70 puestos en el ranking.
“Pasamos del lote de los peores 35 al medio. Y solamente aplicamos un cuarto de las reformas, todavía nos quedan 3.200 pendientes. Las vamos a ir sacando en la medida que nos permita el Congreso”, aseguró en referencia a las intenciones de aumentar el número de legisladores en las elecciones de 2025.
En la misma línea, sostuvo: “Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral. En la medida que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional”.
“Vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos -no de la recaudación-, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de seis impuestos”, auguró de cara a su segundo año de mandato.
En su Gabinete hay quienes se atreven a sumar sus deseos a la lista de fin de año que tiene como prioridad el aniquilamiento total de la inflación y la salida del cepo, principal promesa de campaña que, hasta ahora, se pospone en búsqueda de “las condiciones necesarias”.
“Me gustaría que se materialice de mejor manera el alivio en el bolsillo de la gente y que se efectivicen las inversiones para que crezcan los puestos de trabajo”, confesó un funcionario respecto al próximo año.
En el haber del Gobierno todavía figuran los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. También la reforma política y la electoral, que contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y las modificaciones en el financiamiento a los partidos.
En plano de la Justicia, apostará a tratar el próximo 2025 la posibilidad de implementar los juicio en ausencia y la Ley Anti Mafia, como la versión libertaria de Ficha Limpia, y la reforma de los fueros de la política que quedaron pendientes.
Para concretar estos cambios sustanciales, en el entorno de Milei saben que deben mejorar su representación en el Congreso –hoy con 39 diputados y 7 senadores- y trabajan en una potencial alianza electoral con sus principales socios (el PRO y un grupo de radicales díscolos) para garantizar una buena performance en las primeras elecciones que afrontarán desde que son oficialismo.