Tras más de 8 horas de debate y en el marco de una sesión especial, los diputados aprobaron el texto por 162 votos a favor contra 54 negativos y 18 abstenciones, con el respaldo del Frente para la Victoria, bloques aliados y el radicalismo, que apoyó en general la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Al cerrar el debate del proyecto, que fue aprobado la semana pasada por el Senado, el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, cuestionó la decisión de Mauricio Macri de dar marcha atrás con el acuerdo para la transferencia de los subtes, al sostener que “cuando uno gobierna tiene que hacerse cargo de los problemas, no sólo comentarlos”.

El debate fue abierto por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, quien afirmó que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, “ya ejerció” el control sobre la red de subterráneos, “no sólo al firmar el acta sino también al decretar el aumento de tarifas”.

“Acá no estemos evaluando un traspaso de competencia sino devolver a la ciudad lo que siempre fue de la ciudad”, expresó Conti, al iniciar la discusión.

Desde el macrismo, el diputado y ex procurador Pablo Tonelli anticipó que el bloque del PRO votaría en contra del proyecto del oficialismo porque el traspaso de la red de subterráneos “debe efectuarse con recursos e inversiones” y sostuvo que la propuesta de su bloque “es superadora”.

Al hablar como miembro informante del dictamen de minoría diseñado por el PRO, Tonelli consideró que la inicitiva del gobierno “es inconstitucional” porque “la transferencia se realiza sin recursos” y cuestionó que la Nación “no se ha hecho cargo de las inversiones pendientes”.

Durante la sesión, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, pidió la palabra y salió al cruce del diputado de la Coalición Cívica, Horacio Piemonte, quien lo había acusado de haber comparado ante los medios la Cámara baja con una “escribanía”.

“Si la escribanía es la que construye certeza en los actos de los particulares, bienvenido si el debate en el Parlamento le da fe pública a los actos del gobierno”, argumentó Domínguez.

En el marco del debate, y al defender el proyecto, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Roberto Feletti, aseguró que Macri “quiere gobernar el país pero no puede administrar” la red de subterráneos.

Señaló que “no es real que falten recursos” y se preguntó si “una tarifa de dos pesos con cincuenta”, que implica un 127 por ciento de aumento, “no es una tarifa de equilibrio”.

Desde el radicalimo, el diputado por Córdoba, Mario Negri, ratificó que la UCR apoyaría en general la iniciativa oficial de traspaso de subtes a la órbita porteña y presentaría disidencias parciales en torno a la transferencia de las 33 líneas de colectivos.

Negri opinó que “hay un nudo que no se puede resolver, que es el de la responsabilidad política de haber tomado la decisión de aumentar las tarifas” de subterráneos “en un 127 por ciento”, por parte del jefe de gobierno porteño.

En tanto, por el diputado nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), el socialista Roy Cortina, reafirmó su rechazo al proyecto por considerar “inconstitucional e inaceptable que se transfieran los subtes sin los correspondientes recursos”.

Cortina presentó un dictamen propio que fue acompañado por sus pares del interbloque FAP, Gerardo Milman y Omar Duclós (GEN), sin el apoyo del resto de los diputados socialistas que anticiparon que se abstendrían a la hora de votar el proyecto.

Para el diputado nacional Felipe Solá (Unión Peronista), el traspaso de subtes a la órbita porteña “no es una cuestión política” y cuestionó que el Congreso se involucre en una “cuestión judicial”.

“Nos estamos adelantando a lo que va a venir, que es una cuestión judicial, no política”, expresó Solá al hablar en la sesión especial de la Cámara de Diputados para discutir el proyecto del Poder Ejecutivo que transfiere los subtes, el premetro y 33 líneas de colectivos a la ciudad.

A través del texto enviado por el Poder Ejecutivo, se dispone que
dentro del plazo previsto en el acta firmada en enero, que es de noventa días, se efectivizará la culminación del proceso de transferencia.

Según el proyecto, el acta “es la última instancia de un proceso que guarda relación directa con la autonomía de la ciudad, consagrada en la Constitución de 1994”.

La modificación tiene “un sentido netamente federal al avanzar en reconocer a la ciudad la posibilidad de ejercer la jurisdicción y fiscalización de todos aquellos servicios públicos que sean prestados dentro del ámbito de su territorio”, sostiene el texto.