El pedido, presentado ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue realizado por los diputados provinciales Fernando Navarro, Ramón Gatica y Karina Nazabal. Navarro explicó a Télam que el magistrado “actuó con manifiesta ilegalidad y con una intencionalidad clara y concreta de burlar la ley para beneficiar a Fibertel”.

Sostuvo que al dictar la medida cautelar, Segarra incurrió en “grave incumplimiento de los deberes a su cargo y negligencia y graves irregularidades en el ejercicio de su función” y consideró que con las pruebas aportadas “no caben dudas que debe ser destituido”.

En la presentación, a la que tuvo acceso Télam, se precisó que Segarra hizo lugar a una presentación de una usuaria de Fibertel “burlando las normas del sorteo del juez para adjudicar el conocimiento de causas civiles y comerciales”.

Es que Segarra utilizó una causa anterior que tramitaba en su juzgado de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la provincia contra el municipio de La Plata por la radicación de una feria “para admitir que existía conexidad” y de esa forma evitar el sorteo del juzgado en el que debería recaer el amparo.

Según los diputados, esa conexidad “que el juez admitió en forma irregular al considerar que en ambas causas se trataban intereses colectivos, fue el medio escogido para burlar las normas del sorteo y decretar la medida cautelar de No Innovar a favor de Fibertel”.

Consideraron que “siguiendo ese razonamiento del juez, todos los procesos sobre intereses colectivos que se tramiten en el futuro deberían recaer en su juzgado, lo que es realmente un absurdo”.

“Este acto constituye un evidente e inexcusable apartamiento de normas básicas y cotidianas que regulan la actividad judicial para arrogarse el conocimiento de una causa de manera indebida”, consignaron.

Subrayaron además que el magistrado violó el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil y Comercial que indica que los jueces “deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia”.

“En esa causa, encontrándose demandado Cablevisión en conjunto con el Estado Nacional, las actuaciones deberán continuar su tramitación en la justicia federal de La Plata”, detallaron.

Navarro sostuvo que además, el juez “una vez que dictó la medida cautelar se declaró incompetente, lo que demuestra que actuó con una parcialidad manifiesta ya que conociendo que la materia era de competencia federal igualmente resolvió la medida cautelar”.

En la presentación, hicieron hincapié también en que “no existía la urgencia impostergabe o peligro en la demora” que requiern las medidas cautelares “ya que la resolución de la Secretaría orogaba un plazo de 90 días para la caducidad de Fibertel”.

“El juez paralizó arbitrariamente un acto administrativo sin ponderar que no había peligro en la demora toda vez que los clientes de Fibertel podrán contratar otras empresas que presten el servicio con idéntica calidad”, argumentaron.

Navarro explicó que tras la presentación, la Secretaría de Enjuiciamiento los citará para ratificar la denuncia y luego deberá girar las actuaciones al juez para que haga su descargo.

Además, se convocará posteriormente al jurado de enjuiciamiento que integran cinco legisladores, cinco abogados de matrícula y el presidente de la Suprema Corte para que, cumplidos esos plazos, estimen si hay o no causal para someterlo a un jury.