Dilma Rousseff pedirá al Congreso que llame a un plebiscito

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pedirá este martes al Congreso que convoque a un plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre los aspectos centrales de una reforma política, anunciada para hacer frente a la ola de protestas callejeras que sacude al país desde hace tres semanas.

Lo anunció la propia mandataria esta noche, en un paréntesis de una prolongada reunión que mantenía con 37 de sus 39 ministros y los líderes parlamentarios del oficialismo, informaron la agencia noticiosa estatal ABR y los diarios O Globo y Folha de Sao Paulo.

La mandataria aclaró que remitirá al parlamento “líneas generales” para la elaboración de la consulta popular pero no “sugerencias de preguntas” porque la facultad constitucional de llamar a un plebiscito es del Congreso.

“No vamos a dar sugerencias de preguntas porque no somos nosotros los que vamos a a hacer las preguntas; está claro en la Constitución: quien convoca, quien tiene el poder de convocar, es el Congreso Nacional”, remarcó.

Rousseff afirmó que espera que las modificaciones que apruebe el plebiscito puedan estar vigentes para las elecciones generales de fines de 2014, pero admitió que hoy no puede saberse si eso será posible.

“Desde nuestro punto de vista, sería oportuno, pero nosotros no tenemos cómo definir eso; depende del plazo que dé el Tribunal Superior Electoral (TSE) y depende, en función de ese plazo, del Congreso”, indicó.

Consultada sobre las “líneas generales” de la reforma que propondrá el gobierno, respondió: “Será básicamente el financiamiento de las campañas y el padrón electoral vigente”.

“Una cosa es clara: el pueblo en las calles no pidió la reducción de derechos sociales y mi gobierno no lo hará; reducir el gasto social, eso no lo esperen de mí; cortar (el programa social) Bolsa Familia, jamás”, subrayó la jefa del Estado.

Es la tercera vez en lo que va de su mandato, iniciado el 1 de enero de 2011, que Rousseff se reúne con su gabinete completo, que incluye, además de a los ministros y secretarios con rango de ministros, a los titulares del Banco Central, la Procuración General y la Contraloría General.

Las otras dos ocasiones, a comienzos de 2011 y 2012, fueron para dar indicaciones sobre el trabajo para el año, por lo que hoy fue la primera vez que el gabinete -del que sólo faltaron el canciller, Antonio Patriota, y la ministra de Cultura, Marta Suplicy, de viaje fuera del país- se activó para enfrentar una crisis política.

La idea de llamar a un plebiscito para que opine sobre una reforma política fue expresada por Rousseff el 21 de junio, en respuesta a las protestas callejeras que entonces llevaban dos semanas en todo el país.

La consulta a la ciudadanía será también una forma de presionar al Congreso para que acelere el tratamiento de los varios proyectos vinculados con la reforma política que desde hace tiempo tiene bajo análisis.

En aquel discurso la mandataria propuso también refrendar la reforma a través de una asamblea constituyente, pero esta iniciativa fue descartada inmediatamente ante las opiniones adversas de legisladores y políticos, incluso aliados del gobierno.

Tras convocar anoche a la reunión del gabinete -que se inició poco después de las 17 (misma hora en la Argentina) y a las 20.30 no había concluido-, Rousseff pidió esta mañana la opinión de la Justicia sobre el plebiscito.

La presidenta del TSE, Cármen Lúcia, reveló que recibió la visita del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien le requirió, a nombre de Rousseff, opinión sobre el plazo necesario para la realización de la consulta popular.

“Es obvio que la justicia electoral está siempre lista para cumplir la Constitución Federal pero, como el Tribunal está entrando en receso, voy a convocar a una reunión extraordinaria para tratar el asunto”, precisó Lúcia.

La jueza dijo que mañana se reunirá en Brasilia con los presidentes de los tribunales regionales electorales de los 27 estados para requerirles opinión al respecto.

Mientras tanto, hoy no se repitieron las manifestaciones callejeras de las últimas tres semanas, pero cientos de camioneros bloquearon con sus vehículos dos importantes autopistas de San Pablo en reclamo de la rebaja de los precios del combustible y los peajes, en el comienzo de un paro que prometieron mantener por 72 horas.

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