La entrada en vigencia en la norma se da cuando el gobierno analiza si levanta o prorroga el estado de emergencia, y mientras insiste en la necesidad de castigar a los responsables de la sublevación y “desentrañar las redes de complicidad” involucradas en la maniobra.

La Ley de Servicio Público fue la que desató la insubordinación de la tropa policial y de los militares el jueves pasado, en que Correa fue retenido durante todo el día en el Hospital Policial, de donde fue rescatado por militares y sin ceder a los reclamos de los uniformados.

La Ley fue presentada a la Asamblea hace dos meses por el gobierno y el miércoles Correa modificó algunos de los artículos aprobados en el legislativo, con los que eliminó subsidios de antigüedad, bonos y condecoraciones.

El gobierno argumentó que la ley ordena los recursos estatales e incluye en el sueldo mensual de policías y militares las bonificaciones que se les entregaba en el pasado en cada ascenso y cada 10, 15 y 25 años.

El argumento no convenció a los uniformados que la semana pasada se sublevaron en una acción que concluyó con un violento operativo armado que enfrentó a cuerpos de élite de la Policía y las Fuerzas Armadas contra los insubordinados, y que dejó 8 muertos y cerca de 200 heridos.

Ahora, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, adelantó que el Ejecutivo evaluará si levanta o mantiene el estado de excepción.

Por lo pronto, mientras avanzan las investigaciones dentro de la Policía Nacional, a los uniformados motorizados se les retiraron las armas, se dispuso un sistema de vigilancia interno y se retiró el mando a varios jefes policiales.

La Fiscalía está trabajando sobre videos y fotografías para determinar identidades de los cabecillas y de infiltrados, y se analizan los intercambios que registró la central de comunicaciones de la institución.

Jalkh admitió que “la seguridad (oficial) fue insuficiente” y explicó que tras un primer intento de Correa de entrar al Regimiento, debía volver a intentarlo, porque “no podía quedar el precedente de que el mandatario estaba imposibilitado de ingresar a un cuartel, cuando es jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía”.

El ministro, ratificado en su cargo el jueves en la noche, puso de relieve que varios grupos policiales no se unieron a la revuelta, como el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo de Intervención y Rescate.

Jalkh ratificó la teoría de que “hubo un intento de matar al presidente y se lo mantuvo secuestrado”, algo que fue puesto en duda por médicos, personal y hasta pacientes del Hospital, que dijeron que Correa se quedó en el lugar porque se negó a irse y estaba en total libertad.

Mientras, la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, ratificó que es “imprescindible” enjuiciar a los culpables de la intentona y consideró a la amnistía propuesta por algunos sectores como “una estratagema para el olvido, una carta de salida a la impunidad”.

“Los pronunciamientos apresurados de ciertos grupos para tratar de aglutinar fuerzas opositoras, si bien no tuvo mayores ecos, devela la naturaleza mezquina de la oposición. El silencio cómplice de otros sectores es un signo elocuente de complicidad”, subrayó Soliz.

El día previo al término del estado de excepción mostró, además, que los militares comenzaron ceder el control interno del país a la Policía, aunque un gobernador admitió que el proceso de recuperación de la confianza social en la institución “será difícil”.

El progresivo restablecimiento de las funciones por parte de los agentes policiales, una vez superada la crisis institucional registrada el jueves, llevó a los militares a limitar su contingencia en puntos considerados estratégicos, y a la Policía a recuperar cuestiones vinculadas a la seguridad ciudadana y el orden público.

Según el diario estatal El Telégrafo, el jefe de la Unidad de Control de Armas de la Policía, William Ramos, quien participa de las operaciones de Alerta 1 (estado de excepción), confirmó que la institución tomó el control de la seguridad pública.

El gobernador del Guayas, Roberto Cuero, sumó su postura a la polémica, al considerar también que el Partido Sociedad Patriótica, del ex militar Lucio Gutierrez, estuvo detrás de la intentona, y sus dirigentes “azuzaban a policías que reclamaban derechos que ni siquiera ellos mismos entendían”.

Para Cuero, “recuperar la confianza en la Policía será difícil, será una tarea compleja”.