La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez y algunos de sus ministros fueron detenidos esta madrugada acusados de sedición, terrorismo y conspiración, lo que reavivó el debate entre oficialismo y oposición sobre la existencia de un golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

Áñez hizo uso de su derecho de no declarar ante la Fiscalía y permanecerá en unas celdas que tiene la Fuerza Anticrimen en La Paz, a la espera de que se defina su situación judicial tras la acusación de haber participado en el golpe que sacó del poder a Morales.

La expresidenta fue aprehendida en su domicilio en Trinidad, capital del departamento Pando, y trasladada en avión a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares, informaron medios locales.

La televisión boliviana la mostró llegando al aeropuerto de El Alto de la ciudad, sin esposas y escoltada por el actual ministro del Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, además de varios policías.

“Informo al pueblo boliviano que la señora Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía”, anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Por su parte, la expresidenta de facto denunció en las redes sociales “un acto de abuso y persecución política”, y advirtió que el Ejecutivo –y no la justicia- la acusaba de “haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió”.

En una breve conferencia de prensa, Del Castillo pidió dejar en claro que “este Gobierno democráticamente electo no está persiguiendo políticamente a nadie, sino que está haciendo que exista justicia en el país”.

“Nuestra policía ha cumplido con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, dentro de un proceso que habría sido iniciado en diciembre la gestión anterior por el golpe de Estado en nuestro país”, añadió el funcionario en declaraciones reproducidas por la estatal agencia ABI.

En su primera reacción pública, a través de Twitter, el expresidente Morales pidió que se “investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”.