Después de 30 años, Susana Sánchez, vecina de Avellaneda y empleada de la Unidad Sanitaria Nº 5, conoció datos de sus padres, desaparecidos durante la última dictadura militar, a partir de un listado presentado como prueba en un juicio a represores en la provincia de Tucumán, según informó ayer el Director de Derechos Humanos de la comuna, Enrique Arrosagaray, quien presentó el caso en una conferencia de prensa ofrecida junto a la mencionada agente municipal.

Tal como destaca la información oficial, «la presentación del listado la hizo al tribunal interviniente, un sobreviviente que estuvo detenido en esa época, identificado como Clemente, quien fuera un militante barrial de la Juventud Peronista. El hombre, además, colaboró aportando 250 fojas de documentación distribuida en dos carpetas negras».

«Los dos biblioratos, con cientos de folios, contienen anotaciones de los grupos de tarea, especialmente en la comisaría central de San Miguel, que cuentan detalles de cómo operaba la represión, con fechas, nombres, declaraciones, datos, entre otros», detalla el informe difundido desde la subsecretaría de Prensa de la comuna
La conferencia de prensa se realizó en el Salón de Actos Eva Perón, y fue encabezada por el director general de Derechos Humanos, Enrique Arrosagaray y la empleada municipal, Susana Sánchez.

Durante el encuentro, Arrosagaray destacó que se accedió a esta verdad, gracias a «documentos que reflejaban la impunidad con la que se movía la dictadura», y agregó «este es uno de los miles de casos de familias que aún tienen heridas abiertas, y nuestra obligación fue ponernos rápidamente a divulgar esta historia».

Posteriormente, Susana Sánchez, expresó que «necesitamos que se conozca todo lo que pasó durante la dictadura militar, por que nuestra historia actual está íntimamente ligada a lo que sucedió en aquellos años».

«La madre de Susana Sánchez era ama de casa, y su padre el Secretario Adjunto del Gremio de Luz y Fuerza de la provincia de Tucumán. Ambos fueron secuestrados de su casa la noche del 3 de septiembre de 1976, y sus nombres aparecieron luego de la presentación de un listado, aportado por Clemente ante el tribunal tucumano, en el que se encontraron datos de cientos de víctimas de la represión, además de los nombres de oficiales, suboficiales y agentes que integraron la el Servicio de Información Confidencial (SIC), liderada por el ex jefe policial Roberto «El Tuerto» Albornoz, uno de los acusados en el juicio.

Albornoz, por su parte, declaró en el juicio que Clemente era parte del aparato represivo policial y no víctima de secuestro y torturas en el centro clandestino de detención, como él dice.