Defensor del Pueblo: «A dos años del fallo no se advierten cambios en el Riachuelo»

El Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, con el Sr. Norberto Martínez, en representación de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, partieron de la intersección de las calles Pedro de Mendoza y Almirante Brown, del barrio de La Boca, para realizar una recorrida por el Riachuelo, en virtud de la reciente resolución del máximo tribunal que requirió al Defensor del Pueblo su opinión respecto al grado de avance del plan de saneamiento.

Sella advirtió que «a 2 años del fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, no existen avances que se traduzcan en mejoras para la población o el ambiente, la mayor parte de las obligaciones y plazos previstos en la sentencia no han sido cumplidos de manera que no se advierten cambios en el Riachuelo».

«Es preocupante constatar que son miles de personas en la ribera de la ciudad las que siguen conviviendo con factores de riesgo ambiental como son la basura y las sustancias tóxicas, pese a la sentencia de la Corte que priorizó la atención sanitaria urgente de estos pobladores» afirmó Sella.

El Adjunto I de la Defensoría Nacional señaló las demoras en la relocalización de los asentamientos que se encuentran sobre basurales, destacó la falta de control de la contaminación de origen industrial, ya que de las más de 12.000 industrias que se había ordenado inspeccionar, no llegan a 5 las que se encuentran en proceso de reconversión industrial.

Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo de la Nación coordina el Cuerpo Colegiado, conformado por 5 ONGs entre las que se encuentran la Asociación Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace que participaron de la inspección.

Tras la recorrida por los ríos Matanza y Riachuelo, el Defensor del Pueblo de la Nación y las ONGs que integran el Cuerpo Colegiado elaborarán un informe definitivo sobre la situación de la Cuenca para elevar a la justicia.

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