En su primera aparición pública luego de las elecciones porteñas del domingo último y a menos de dos semanas del balotaje entre el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el candidato oficialista, Daniel Filmus, la jefa del Estado eludió hablar del tema.

Al presentar en la Casa de Gobierno el Digesto, Fernández resaltó que la iniciativa es “un inmenso acto de calidad y orden institucional; es el ordenamiento jurídico plasmado y remitido al Parlamento para su control y simplificación”.

Destacó que “en este mismo acto remito al Parlamento el primer Digesto Jurídico Argentino desde que somos país”.

La obra consolida 158 años de legislación argentina porque reúne en un solo cuerpo legal toda la normativa vigente de carácter general en forma sistematizada y digitalizada a partir de su ordenamiento en 26 materias del derecho, explicó el ministerio de Justicia.

Para ese trabajo, alrededor de 200 profesionales trabajaron desde 2005 para analizar 32.207 normas, entre leyes, decretos leyes, decretos de necesidad y urgencia y decretos de contenido legislativo correspondientes a toda la legislación nacional desde 1853.

Tras ese análisis, se concluyó que sólo 3.134 normas de alcance general se encuentran vigentes y las restantes fueron excluidas por tratarse de leyes de alcance particular, por estar derogadas expresa o implícitamente o por ser caducas al tener su objeto cumplido o vencido el plazo establecido para su vigencia. “Es una tarea que facilita el conocimiento de las leyes y, por lo tanto, favorece el acceso de los ciudadanos a la Justicia y el principio de igualdad ante la ley, además de constituir un inmenso aporte a la institucionalidad y a la seguridad jurídica”, señaló por su parte el ministro de Justicia, Julio Alak.

En su discurso, Fernández destacó especialmente la digitalización del Digesto, “el primero que está así en la región latinoamericana y creo que en el mundo”, aseguró.
En 1998, el Congreso, con mayoría menemista, sancionó la ley 24.967 que fijó la base y el procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las leyes generales vigentes, mediante una suerte de compendio que agrupara todas las normas en veintiséis ramas del derecho.

El proyecto quedó suspendido porque “en el año 1999, el gobierno de la Alianza contrató los servicios de la Universidad Nacional de Buenos Aires, luego hubo algunos problemas, hay una causa penal, pero no vamos a hablar de las cosas que no salieron bien”, recordó Cristina Fernández.

En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner anunció en el Congreso la decisión de continuar con esa iniciativa y “dejar concluida la realización del Digesto Jurídico al final de este año”.

Aunque se avanzó, pasaron cinco años y varios ministros de Justicia por lo que la obra quedó paralizada hasta que la Presidenta volvió a darle impulso.