(DyN) – La apelación del Gobierno no fue mencionada en la lista de 13 litigios que la Corte decidió escuchar antes de que comience un nuevo período judicial, el lunes próximo.
Sobre la base de la práctica usual en el máximo tribunal estadounidense, la falta de definición durante esta jornada puede derivar en una decisión de no escuchar el caso, en darlo a conocer como incluido al emitir una nueva lista el lunes 7, o en una consulta al Poder Ejecutivo norteamericano para que éste determine si el caso merece la atención del tribunal.
En ese contexto, se mantiene una serie de escenarios posibles, entre ellos, que la Corte decida esperar para pronunciarse a que llegue a su poder el segundo tramo de la causa, con lo cual la resolución podría estirarse hasta final de 2014.
Un escalón intermedio sería que el tribunal despache nuevos requerimientos de información y demore unos meses su definición, y una tercera posibilidad sería el rechazo a tomar el caso.
En cualquiera de las dos primeras instancias mantendría vigencia el “stay” (medida cautelar) que frena posibles órdenes de embargo y permite que el país continúe realizando sus pagos de deuda en forma regular. En cambio, si la Corte Suprema finalmente decidiera desechar la apelación del Gobierno, el país correría el riesgo de caer en lo que se denomina “default técnico”, ya que mantendría su voluntad de pago, pero con los canales financieros bloqueados para poder efectivizarlo.
La causa que llegó a la Corte es la vinculada a la cláusula de pari passu (igualdad en el tratamiento de los acreedores) y por lo tanto aún no está en discusión el pago de 1.330 millones de dólares a los holdouts que ordenó el juez de primera instancia Thomas Griesa.
Este magistrado y la Corte de Apelaciones de Nueva York fallaron en contra de la Argentina y señalaron que el país incumplió el pari passu y por ende debe pagar el total de las acreencias en manos de los demandantes.
El juicio contra los holdouts tiene una segunda etapa que es la referida al monto y la forma de pago (1.330 millones de dólares, en efectivo y en un sólo desembolso), tramo que aún no tiene sentencia definitiva de la Cámara de Apelaciones y por eso aún no se elevó a la Corte Suprema.
Para lograr la adhesión del tribunal estadounidenses, el Gobierno nacional apuró la sanción de una ley que suspendió la vigencia de la Ley Cerrojo y reabrió el canje de deuda sin fecha de cierre.
De esta forma se pretende mostrar a los magistrados que la Argentina tiene intenciones de pagar sus deuda, pero bajo las mismas condiciones de las reestructuraciones realizadas en 2005 y 2010.