En un endurecimiento de su postura, el gobierno forzó ayer la reapertura de depósitos de combustible bloqueados por huelguistas, al tiempo que amenazó con enviar a la policía paramilitar para reprimir recurrentes hechos violentos durante las protestas contra los planes de elevar la edad jubilatoria de 60 a 62 años.

Jóvenes enmascarados volvieron a romper vidrieras de negocios y a tirar piedras a la policía en el suburbio parisino de Nanterre y en la sureña Lyon, donde desde el lunes se suceden disturbios con estudiantes que adhieren a las protestas contra la reforma que impulsa el presidente Nicolas Sarkozy.

Las manifestaciones se tornaron violentas esta semana tras meses de marchas y protestas mayormente pacíficas contra la reforma, que el Senado someterá a un debate y votación finales desde hoy.

Los sindicatos quieren que el gobierno dé marcha atrás y abra una negociación, por considerar que la ley amenaza conquistas sociales fundamentales de los trabajadores franceses.

En una modalidad de protesta hasta ahora no utilizada, sindicalistas bloquearon o limitaron hoy los accesos a los dos aeropuertos de París y de otras ciudades del país, informaron autoridades de aviación y fuentes gremiales.

La autoridad de aviación ADP dijo que manifestantes bloquearon los accesos a las dos terminales del aeropuerto de Orly.

Sindicalistas realizaron otra una protesta en el Charles de Gaulle, el más grande del país, donde cantaron el himno nacional francés y forcejearon con la policía.

El sindicato transportista CGT dijo que gremialistas provocaron el cierre del aeropuerto de Clermont-Ferrand, en el sur del país, y perturbaron los accesos a los de Niza y Nantes, informó la agencia de noticias Europa Press.

Por orden expresa de Sarkozy, que afirma que la reforma es esencial para salvar el deficitario sistema de pensiones, policías franceses reabrieron anoche tres depósitos de combustible en el oeste del país bloqueados por trabajadores petroleros que están en huelga desde hace 15 días, anunció el ministro del Interior.

Sarkozy dijo hoy en un comunicado que “las perturbaciones provocadas por los bloqueos causaron muchas injusticias (…) y podrían traer consecuencias para el empleo al dañar el desarrollo normal de la actividad económica”.

Un tercio de las 12.500 estaciones de servicio del país no tienen combustible, que además escasea en todas las restantes.

En conferencia de prensa en París, el ministro del interior, Brice Hortefuex, amenazó con enviar a la policía paramilitar para reprimir a los “delincuentes” que provocan desmanes durante las protestas.

Hortefeux dijo que en la última semana fueron arrestadas 1.423 personas, un tercio de ellas ayer, cuando 3,5 millones de franceses salieron a las calles a protestar en una jornada nacional de huelga y manifestaciones, la sexta contra la reforma.